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No hay que fijarse en las camionetas blindadas, ni en el pago de giras populistas, o la compra de togas bordadas, el verdadero privilegio de los ministros del acordeón son sus intocables pensiones, de por vida, con sueldo completo. Que serán superiores a las que reciba la señora Presidenta.

Con la nueva iniciativa presidencial, que modifica el Artículo 127 de la Constitución, la autollamada “ministra del pueblo” no tendrá que regresar a vivir en una vecindad, ni a discutir a gritos con sus vecinos, ya que durante toda su vida recibirá más de cien mil pesos cada mes.

Esto como gratificación a sus “valiosos” servicios a la Patria.

De igual manera esta excepción permitirá que la señora Olga Sánchez Cordero, millonaria de familia, con su negocio de Notarías, siga recibiendo una pensión superior a los doscientos mil pesos que no entra en el ámbito de lo inmoral, tal vez por su filiación a favor de los proyectos políticos sexenales.

A esto agréguese el “ahorrito” de estos años en que dobleteó sueldos. Igual caso del ministro retirado Arturo Zaldivar que conservará íntegro el monto de su pensión, también alrededor de los 200 mil pesos.

Tanto se llenaron la boca en contra de los “excesos” de la Suprema Corte de Justicia, tanto se mordieron la lengua en pocos meses.

A la gravedad de cambiar la Constitución a capricho, de comenzar a utilizar retruécanos legaloides para hacer un mandato de ley retroactivo, hay que agregar esta determinación presidencial. Porque nos habían cantado en la cara que iban a ser diferentes, que la elección de ministros (esa pantomima de los acordeones) iba a permitir la llegada de Ministros honestos y comprometidos con el pueblo.

Ya lo he escrito en días anteriores, este cambio constitucional que propone la señora Presidenta, es discriminatorio para decir lo menos. Porque por mucho que nos parezcan exageradas, injustificadas, escandalosas las pensiones millonarias que reciben funcionarios públicos, en su día fueron otorgadas con apego irrestricto a la Ley.

Son cambios a la Ley que no afectan únicamente a quienes cobran cientos de miles de pesos cada mes, sino a otros muchos funcionarios de primer nivel, como los que trabajaron para PEMEX, que decidieron hacerlo, precisamente, por sus prestaciones, en lugar de irse al extranjero y cobrar muchos miles de dólares por su trabajo.

Y ahora que no les gusta el monto de las pensiones, que necesitan obtener recursos para sus programas clientelares, se les hace fácil cambiar la Constitución de una peligrosísima forma retroactiva.

Esto equivale, valga el ejemplo, a que disgustados por el resultado de las elecciones se decidiese, ante un Congreso débil, totalmente servicial a sus intereses, frente a una Suprema Corte de chiste, nulificar el voto. Esto de manera retroactiva.

¿Qué tal modificar la Constitución para que acciones realizadas por López Obrador, como primer mandatario, se conviertan en ilegales para, así, castigarlo “legalmente” por esto?

No se puede, no se debería poder jugar con la Constitución. Menos todavía modificar las leyes a capricho y hacer excepciones para favorecer a jueces, a ministros, que deberían ser los primeros en asumirse como ciudadanos comunes.

Como vivimos en un país donde la palabra presidencial comienza a ser una orden inalterable, sin contrapesos, gobierno de una voz, peores cosas veremos.