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La suspensión provisional que obtuvieron ayer el rector de la UAEM y su esposa contra la orden de captura por su probable enriquecimiento ilícito pareciera apuntalar el respaldo que les han dado algunos actores políticos (Cuauhtémoc Cárdenas y el obispo de Cuernavaca, entre otros) que ven el caso como “venganza” de Graco Ramírez.

El sospechosismo parte de la pública confrontación de quienes, como el imputado, han querido tumbar al gobernador, y para efectos prácticos del activismo apoyador de poco sirve saber que, por ley, la Fiscalía Anticorrupción que los acusa goza (o debiera gozar) de constitucional autonomía.

Lo del enriquecimiento es un delito paralelo al de peculado, en relación con un extraño préstamo de Interacciones (alrededor de 500 millones de pesos) que compromete los recursos federales y estatales hasta 2022 para la universidad.

Pendiente continúa, sin embargo, el desenlace de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, por contrataciones y facturaciones chuecas (más de mil millones de pesos) de supuestos e ilegales servicios a la Sedesol y la Sagarpa…

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