Las facturas económicas del desabasto

Si algún afectado por el desabasto de combustibles se atreve a expresar públicamente su molestia, rápidamente es calificado como cómplice y enemigo de la patria. Porque el discurso oficial equipara a la decisión gubernamental de cerrar los ductos de gasolina con la decisión de Lázaro Cárdenas de expropiar la industria petrolera.

Pero más allá de las horas perdidas en la espera que nunca se podrán contabilizar o de los derrames de bilis que habrán afectado a miles de hígados de los automovilistas frustrados, hay facturas que habrán de traspasarse a diferentes indicadores de la economía mexicana.

La determinación presidencial de combatir el robo de combustibles generando una escasez a través de la interrupción de su distribución en ciertas partes del país, elegidas de manera totalmente arbitraria, va a dejar huella económica.

No hay hasta ahora una sola justificación válida y contundente para haber suspendido el suministro de combustibles. Todas las acciones descritas por la autoridad, desde las financieras y fiscales hasta las policiales, pudieron haber sido emprendidas sin afectar así las economías personales y regionales.

Incluso, la cifra que el propio gobierno federal ha dado a conocer sobre el número de gasolineras involucradas en la venta de huachicol, ligeramente superior a 1% de todas las estaciones de servicio del país, abre dudas sobre los alcances de la radical acción de cancelar la distribución de forma tan extendida.

Esto abre muchas dudas, muy razonables, sobre los verdaderos motivos del desabasto. Sobre todo, cuando la bandera enarbolada por el propio presidente para justificar la falta de gasolinas en la Ciudad de México giró repentinamente hacia el sabotaje a un ducto.

En la conferencia matutina se anunció que finalmente se reabrirán los ductos, sin saber realmente si ya se sellaron todas las tomas clandestinas en el camino, sin tener la garantía de que las miles de carpetas de investigación de las que se habla terminarán con capos del crimen organizado tras las rejas.

La falta de combustibles en amplias zonas del centro y norte del país ha generado la pérdida de millones de horas hombre, el encarecimiento de productos básicos por problemas de logística o simple especulación y una notable baja en la actividad económica de la región más industrializada y dinámica de toda la República Mexicana.

Una primera lectura del impacto económico de esta determinación vendrá con la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los subíndices y mediciones regionales que hace el Inegi de la inflación.

Ciertamente, se esperan impactos regionales, pero pueden tener repercusiones en la medición general que se mantiene fuera del rango que acepta el Banco de México. Ya sabemos que Banxico está en alerta por este tema.

Porque, además, el banco central está atento del impacto en enero que puedan tener otras determinaciones gubernamentales como subir precios y tarifas y el aumento al salario mínimo nacional.

La falta de gasolina ha interrumpido muchas cadenas productivas en la región del Bajío que podrían pasar factura al desempeño industrial y de otros sectores primarios y terciarios. Esto puede impactar, por ejemplo, el Índice de Producción Industrial y la balanza comercial.

Y está el factor confianza que es determinante para mantener el buen desempeño económico.

Este episodio ha contribuido a ahondar en la polarización social, con todo y golpes por unos litros de gasolina, ha dejado al descubierto la falta de preparación de muchos de los responsables de áreas estratégicas en el gobierno y ha revelado que la economía mexicana puede enfrentar problemas que hasta hace poco tiempo ni siquiera imaginábamos, como la escasez.