La “Ventana de septiembre”: quién manda

Un momento clave del gobierno de López Obrador fue decir que la política iba a tomar el mando sobre los poderes económicos.

Su mensaje fue brutal: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, a un costo monumental, por lo que ya se llevaba construido y por lo que hubo que pagar a los inversionistas defraudados. Unos 400 mil millones de pesos tirados a la basura, para probar “quién manda”.

El que manda quiere ahora quedarse con una mayoría calificada en el Congreso, mayoría que no le han dado los votantes, y repite este mensaje de poder, que no repara en costos para el país, sólo en la variable de su mando.

El proyecto de una loca reforma judicial ha tenido ya un costo en los mercados y en el tipo de cambio. Pero el que manda ha dicho que la justicia está por encima de los mercados.

La presidenta electa ha seguido el camino y propone para la “Ventana de septiembre” cinco cambios legales que desprecian sus propios costos:

1. Ampliación del salario mínimo por encima de la inflación anual.

2. Ampliación de las pensiones contributivas al promedio de la pensión del IMSS.

3. Ampliación de los programas sociales a mujeres mayores de sesenta años y a todos los jóvenes de educación media.

4. Constitucionalización de la ley de la industria eléctrica, que viola reglas del T-MEC y reduce las oportunidades de nearshoring.

5. La propia reforma judicial.

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Esta nueva definición de “quién manda” depende de las mayorías calificadas que el gobierno logre adjudicarse en el Congreso.

Si las tienen, tendremos una especie de nuevo “momento aeropuerto”, el momento de volver a decir quién manda en la economía, al costo que sea.

El costo puede ser muy alto, como lo muestra la reacción de los mercados, pero la necedad puede ser muy grande también, como nos muestra este gobierno.

Las mayorías calificadas que el gobierno quiere darse no se las han dado los votantes. 

Su imposición depende de 16 personas: los 11 consejeros del INE y los 5 magistrados del Tribunal Electoral.

En realidad, depende de nueve: 6 consejeros del INE y 3 del Tribunal serán mayoría suficiente en esos órganos para validar las mayorías calificadas que se inventa el nuevo gobierno.

Los millones de votantes quedaron atrás. Nueve funcionarios decidirán quién manda.