Si un líder sectorial intenta poner de acuerdo a sus agremiados para aumentar precios, que se actúe con la ley de competencia en la mano, no con presiones políticas
¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada distribuye garrafones de agua subsidiados en la alcaldía Benito Juárez, donde sí hay servicio de agua potable y cuentan con el nivel de desarrollo más alto de la capital, y no en Tlalpan o Iztapalapa?
Muy simple: por razones electorales. Benito Juárez es bastión panista y los lugares con carencias de agua potable son ya clientelas cautivas del régimen morenista. Es la misma razón por la que el gobierno subsidia las gasolinas y no la tortilla. Es más fácil encontrar electores enojados que tengan automóvil; en cambio, no consideran necesario atender el voto de los electores capturados y resignados que sufren para completar el pago de un kilo de ese alimento básico.
Al final, los subsidios son la peor idea para cualquier economía porque distorsionan la realidad del costo de vida y terminan como herramientas de control político más que de bienestar social. Lejos de ayudar, estas intervenciones suelen ser un camino inevitable hacia el desabasto, la degradación de la calidad de los productos y la aniquilación de la competencia.
El uso de recursos públicos directos de forma indiscriminada en un mercado es una distorsión; pero presionar y amedrentar a las cadenas productivas para que por decreto no suban los precios es otra forma muy peligrosa de alterar los mercados.
Recientemente, el intercambio de declaraciones entre Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó en evidencia cómo ni unos ni otros entienden las reglas del libre mercado.
Por un lado, un líder gremial no debe buscar la colusión de precios. Anunciar aumentos anticipados generalizados con porcentajes fijos en un mercado de competencia abierta es, técnicamente, un intento de manipular la oferta.
En una economía de libre mercado, el precio de la tortilla no se dicta por decreto, sino por la realidad de cada mostrador. Porque más allá del maíz, el tortillero debe sortear los recibos de la luz, el gas LP, la cal de grado alimenticio y los fletes. Pero hay un componente del costo que no aparece en los libros del gobierno: el “impuesto” de la inseguridad, que se paga con cobros de piso, con barrotes en las ventanas y con una vigilancia que cuesta y asfixia los márgenes de utilidad.
Sin embargo, la respuesta del gobierno no ha sido técnica sino coercitiva. El régimen ha mostrado ese pulso autoritario que prefiere amenazar antes que negociar. Negar el derecho de los productores a ajustar sus precios ante el incremento de insumos es ignorar la realidad económica.
Desde llamadas intimidantes hasta la presión directa a los firmantes del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) estos son caminos arriesgados. El poder presidencial no debe usarse para presionar a gasolineros o tortilleros bajo la narrativa de la “solidaridad con el pueblo”, porque lo que realmente se consigue es asfixiar a los pequeños productores.
Si un líder sectorial intenta poner de acuerdo a sus agremiados para aumentar precios, que se actúe con la ley de competencia en la mano, no con presiones políticas. Pero cuando el gobierno interviene para imponer controles de precios de facto, el resultado siempre es el mismo: escasez, mercado negro y pequeños productores en quiebra.
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