Y la Secretaría de Hacienda debería buscar que se reparta la factura entre la pérdida de ingresos fiscales vía el impuesto especial y los consumidores, en el entendido de que este conflicto no es responsabilidad local
Puede llegar el momento en el que haya que tomar todos los pronósticos económicos con los que arrancamos el año y los tiremos a la basura a la espera de ver qué tanto cambió el mundo con la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Lo que ya tiene que suceder es que las autoridades monetarias y fiscales hagan saber a los mercados que están atentos al panorama geopolítico y que empiecen a delinear las medidas a tomar en una escala ascendente a la par de la profundidad que alcance esta guerra.
Este conflicto militar se desarrolla en el corazón petrolero del mundo. Y aunque no haya un impacto en la proveeduría de América del Norte, que ha logrado su autosuficiencia gracias a Estados Unidos, el impacto en los precios es inevitable.
México es un país estancado en su crecimiento, con un abultado déficit presupuestal, con una deuda que supera la mitad de su Producto Interno Bruto y con niveles inflacionarios que no han podido ser abatidos por el banco central.
Pero también México es un país gobernado por un régimen que prefiere los subsidios que aceptar y comunicar a la sociedad la realidad del mercado en momentos de crisis. Así que un eventual efecto negativo de la guerra en el Medio Oriente se traspasará a los ingresos públicos, lo que agravará el desbalance fiscal.
También se tendrían consecuencias inflacionarias inevitables en un escenario en el que aun antes del primer disparo de la operación Furia Épica los analistas que consulta el Banco de México ya preveían la inflación general en 4.0%, que bajo la visión de un banco central congruente debería ser un nivel intolerable.
Una guerra en la que está involucrado Estados Unidos genera una enorme volatilidad financiera, con un vuelo al refugio de los capitales; esto se ve reflejado en el tipo de cambio. Ahí hay efectos fiscales e inflacionarios.
Y si ese conflicto tapona el Estrecho de Ormuz, por donde todos los días suelen transitar 20 millones de barriles de los 104 millones de crudo que consume diario el planeta, evidentemente que hay impacto global en los precios de los energéticos.
El gobierno federal no va a subsidiar todos los combustibles, básicamente las gasolinas, y quizá impondrá topes a los precios del gas licuado de petróleo, pero otros energéticos necesarios para la industria se pagan a precio de mercado.
La Junta de Gobierno del Banco de México debería salir hoy mismo a dar la cara y anunciar que paran sus planes dovish pro-fiscales, de seguir con la baja de las tasas de interés hasta no tener un panorama claro del impacto inflacionario de uno de los conflictos bélicos más importantes en décadas.
Y la Secretaría de Hacienda debería buscar que se reparta la factura entre la pérdida de ingresos fiscales vía el impuesto especial y los consumidores, en el entendido de que este conflicto no es responsabilidad local.
Si el gobierno y el Banco de México insisten en postergar las decisiones difíciles bajo el cobijo de los subsidios y la inercia de las tasas, el costo de la factura no solo será fiscal o inflacionario, sino la perdida definitiva de la confianza en la gestión de nuestra propia tormenta.
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