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La economía mexicana enfrenta su momento más delicado desde la Gran Recesión del 2008-09 y la Crisis Tequila en 1995.

La tormenta perfecta se da en medio de una serie de choques externos que golpean a nuestra economía en un momento de fragilidad interna. Esta tormenta generará una fuerte recesión que podría ser similar en magnitud a la del 2009, cuando el PIB se contrajo 5.3%, o inclusive a la de 1995 que registró una caída de 6.3 por ciento.

En estos escenarios, la pérdida de empleos podría ser entre 800,000 y 1 millón. Antes de la llegada de la pandemia, la recesión global y el desplome en los precios del petróleo —todos choques exógenos—, la actividad económica en México estaba estancada.

Aunque no se quiera hablar de una recesión generalizada en el 2019, es evidente que sectores como la construcción, la minería y algunos subsectores industriales estaban en franca recesión, mientras que los servicios y el consumo mostraban una clara desaceleración.

Asimismo, la Inversión Fija Bruta experimentó su mayor caída, 4.9%, desde el 2009. El estancamiento de la actividad económica resultó en una recaudación por debajo de lo esperado, lo cual puso presión a las finanzas públicas y obligó al gobierno a usar casi dos terceras partes del fondo de estabilización para cumplir con sus metas fiscales.

El panorama para el 2020 era, en ausencia de choques externos y de la mano de una aceleración en el crecimiento global y la aprobación del T-MEC, de un crecimiento cercano a 1 por ciento.

Desafortunadamente, el 2020 comenzó con la rápida propagación de una pandemia que provocó un paro súbito y prácticamente absoluto de la actividad económica a nivel global.

Este choque global se acentuó para algunos países, como México, por la dramática y súbita caída en los precios del petróleo. Aunque México es un importador neto de petróleo (por la importación de gasolina) y en teoría debería beneficiarse de un menor precio del petróleo, el principal impacto del choque petrolero para nuestro país viene por el canal de las finanzas públicas y el riesgo sistémico que implica la débil situación financiera de Pemex.

Ni la llegada de la pandemia, ni la caída en los precios del petróleo son culpa del gobierno actual. Sin embargo, la vulnerable situación en la que recibimos estos choques y la falta de capacidad o voluntad para implementar medidas contracíclicas para que la inminente recesión no provoque secuelas de mediano y largo plazo sí son responsabilidad de la administración actual.

Es cierto que el impacto de estos choques externos no tiene precedente. Sin embargo, el paro temporal a la actividad debería ser seguido de una importante recuperación si se implementan las medidas adecuadas de política económica.

Dichas medidas deberían incluir la implementación de programas de apoyo a las personas y empresas más vulnerables. Ante la escasez de recursos, el gobierno tendría que cancelar o posponer algunos de sus grandes proyectos de infraestructura para reasignar recursos a la conservación de empleos.

Adicionalmente, el gobierno debe hacer un esfuerzo real para generar certidumbre jurídica para la inversión privada.