Si en política la forma es fondo, esta formalidad adquirirá con el tiempo un valor político claro, frente al resbaladizo campo de ilegalidad en el que se ha instalado el oficialismo
La oposición unida entró a la contienda electoral, adelantada ilegalmente por el gobierno, con una salida legal.
Planteó su proceso de selección de aspirantes como el principio de construcción de un Frente entre partidos y organizaciones de la sociedad civil.
La formación de frentes está prevista en la ley de partidos políticos, sin restricciones específicas respecto del momento en que pueden formarse.
Lo consignan los artículos 85 y 86 de la citada ley, aunque imponen dos requisitos: la constitución del Frente debe ser para objetivos de “índole no electoral”, y el Frente debe plantearse en un convenio que establezca su duración y sus causas, que debe ser registrado en el INE y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Un buen alegato jurídico y una rápida gestión ante el INE pueden resolver las dos cosas, porque los efectos electorales del Frente, aunque evidentes, son posteriores a su tiempo de vigencia como Frente.
Y porque las causas para constituirlo pueden ser presentadas como un arreglo político que tiene valor en sí mismo, independientemente de sus posibles efectos electorales.
Es un formalismo jurídico, desde luego, pero es un formalismo con fundamento legal. Y la ley es la ley.
El valor práctico de invocar la figura del Frente puede ilustrarse con la diferencia que hay entre elusión fiscal y evasión fiscal.
En ambos casos el objetivo es no pagar impuestos, pero la elusión se logra aprovechando los huecos y las contradicciones de la ley para pagar menos. Es una maniobra jurídica, pero no es ilegal, todo lo contrario.
La evasión, en cambio, consiste en el hecho simple de no pagar impuestos y es un delito que se castiga hasta con pena de cárcel.
La salida de la oposición al invocar la figura del Frente puede dejarla en una posición menos vulnerable legalmente que la del oficialismo.
La oposición ha tenido que lanzarse a una batalla política real, la batalla de las precampañas adelantadas, impuesta ilegalmente por el gobierno. Pero lo ha hecho con un piso formal de legalidad.
Si en política la forma es fondo, esta formalidad adquirirá con el tiempo un valor político claro, frente al resbaladizo campo de ilegalidad en el que se ha instalado el oficialismo.
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