La ruta del aumento al salario mínimo

Hay consenso, tanto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como el principal sindicato patronal están de acuerdo en que el aumento al salario mínimo para el 2025 sea del 12 por ciento.

Así que, prácticamente con esto queda acordado de cuánto será ese incremento para el próximo año.

Por más que esté en la lista de los pecados capitales del régimen actual, hay que ver las evidencias que los incrementos desproporcionados de los salarios, sin aumentos en la productividad, sí generan presiones inflacionarias.

Hay evidencias de presiones sobre todo en los precios de los servicios, por ejemplo, en el incremento de precios, por arriba de la inflación general, en loncherías, fondas, torterías y taquerías. Pero, claro, insinuarlo siquiera provoca ser marcado con la letra escarlata del neoliberalismo.

Ahora, en términos sociales el aumento de los salarios mínimos por arriba de la inflación sí ha resultado en un alivio en los niveles de pobreza laboral, algo positivo más allá de otros efectos.

¿Se puede atribuir ese mérito al gobierno de López Obrador? Bueno, si bien esa no fue su iniciativa, sino un planteamiento directamente del sector patronal, su estilo autoritario de gobernar impuso incrementos que otros gobiernos no se atrevieron a impulsar.

Un primer acercamiento serio, orgánico, con metas específicas para incrementar los salarios mínimos desde los niveles tan bajos que tenían en sexenios previos se dio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La Coparmex impulsó, desde el 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la iniciativa “Hacia una Nueva Cultura Salarial” que pugnaba por eso, incrementos a los salarios mínimos por arriba de la inflación.

Se hicieron estudios para demostrar que se podía subir ese mini salario sin generar un “efecto faro” que guiara otras percepciones a buscar incrementos similares.

La Coparmex puso sobre la mesa las malas condiciones de ese grupo de asalariados que no alcanzaban a satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de su familia nuclear.

Claro, también recalcaban la necesidad de acompañar esos incrementos con programas de capacitación, de medición de la productividad y de la deducción fiscal de las prestaciones laborales.

Lo más que consiguieron en tiempos de Peña Nieto fue desvincular el salario mínimo como referente para calcular el monto del cumplimento de obligaciones de pago, con la creación de la Unidad de Medida y Actualización.

Esto y cuatro pesitos de incremento por arriba de la inflación del salario mínimo para el 2017, que los tecnócratas llamaron el Monto Independiente de Recuperación.

Cuando llegó el gobierno de López Obrador, quitó cualquier planeación de productividad o estímulos fiscales del planteamiento bien estructurado de la Coparmex y obligó a las tres partes: gobierno, empresarios y sindicatos, a tomar acuerdos de incremento al mínimo muy por arriba de la inflación.

Tanto que para el año 2021 el gobierno federal decretó un incremento al salario mínimo de 15% sin el apoyo del sector empresarial, en plena crisis económica por el Covid-19.

La realidad es que el costo-beneficio de esos aumentos se cargó del lado positivo de reducir la pobreza laboral y se mantiene el plan del sindicato patronal, arrebatado por el oficialismo, de hacer del salario mínimo un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas.