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“La política es el arte de engañar”: Maquiavelo

La Fiscalía General de la República en 2018 abrió una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dos años después, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ha pedido al Congreso de la Unión, abrir un juicio de procedencia contra el mandatario tamaulipeco.

Estamos a horas de presenciar un hecho inédito que un gobernador en funciones sea destituido y llevado a juicio por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Dada la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, resulta muy probable que el gobernador tamaulipeco sea llevado a juicio político, y sea destituido.

Tras meses de seguimiento a Cabeza de Vaca, y en colaboración con instituciones de inteligencia federales y del gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República obtuvo escuchas telefónicas proporcionadas por la DEA que, indican que el mandatario tamaulipeco podría haberse beneficiado de “presuntas ganancias del crimen organizado”.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera ha aportado datos suficientes contra Cabeza de Vaca por “presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal”. De hecho, la investigación federal incluye al círculo familiar más cercano del político panista, quien ha fungido como alcalde, diputado federal y local, senador y funcionario del gobierno de Felipe Calderón.

García Cabeza de Vaca también ha sido implicado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el presunto pago de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en 2013.

La FGR inició las investigaciones contra Cabeza de Vaca a partir de señalamientos de que había construido un patrimonio inmobiliario, sobre todo en los Estados Unidos, con recursos que no se justifican con ninguna actividad legal.

En febrero de 2016, en medio de la campaña por la gubernatura, se hizo público que un presunto operador del Cártel del Golfo identificado como Héctor Crescencio de León Fonseca, “El R3”, acusó que el entonces candidato del PAN recibía pagos del grupo criminal. El sospechoso hizo el señalamiento en una declaración formulada ante policías federales tras ser detenido el 7 de enero en Altamira.

Ya en 2019, en narcomantas colgadas en Ciudad Victoria y Reynosa, se señalaba al gobernador, de recibir dinero del Cártel del Golfo para su campaña electoral, y se le recriminaba por no cumplir un presunto acuerdo para “permitirles operar” en el estado.

Datos publicados por el portal Animal Político, señalan que “en diciembre de 2016, cuando recién asumió la gubernatura de Tamaulipas, Cabeza de Vaca publicó una declaración en la que reveló su riqueza patrimonial y la de su esposa, Mariana Gómez Leal: en total, 12 propiedades, entre casas, departamentos y terrenos, localizados en la Ciudad de México, en Reynosa, Tamaulipas, y en McAllen, Texas”.

Tan sólo en el 2012 cuando compitió como candidato al Senado por el PAN, adquirió junto con su esposa cinco propiedades en Reynosa, su ciudad natal, de la que fue alcalde. Ya como senador, en noviembre de 2013, un mes antes de la aprobación de la reforma energética, compró un departamento de 481 metros cuadrados en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, por un valor de 14.3 millones de pesos.

Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera estiman que el valor de las propiedades de Cabeza de Vaca suma 104 millones de pesos, mientras que el sueldo que pudo haber obtenido por sus cargos como funcionario público, entre 2000 y 2016, habría sido de 13.2 millones de pesos en total. En suma, no checan los datos ni los números.

Electorera o no la decisión de la Fiscalía, el todavía gobernador tamaulipeco, tendrá que responder a las acusaciones.

De la libreta

  • En Baja California, a pesar del cuestionado gobierno de Jaime Bonilla, la candidata de Morena, María del Pilar Avila, reporta una intención de voto del 45 %, mientras que su más cercano competidor, Jorge Hank del PES, registra un 16.3 %, y la modelo Lupita Jones, del PRI-PAN-PRD, tiene un 11.3 %.
  • De acuerdo con las mediciones de Massive Caller, de las 15 gubernaturas en juego, solo tres parecen estar seguras para la Triple Alianza (PRI-PAN-PRD), Baja California Sur, Chihuahua y Querétaro. Los datos en San Luis Potosí están muy cerrados entre los aliancistas, y el Partido Verde que lleva un candidato muy controvertido de nombre Ricardo Gallardo.
  • ¿Negociar con delincuentes? Parece que es la fórmula que han encontrado algunos políticos como es el caso del alcalde de Querétaro, el panista Luis Nava, quien ha decidido firmar un pacto con 16 pandillas para lograr la pacificación de uno de los polígonos más violentos en la entidad.

@HectorHerreraAR