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Estaba claro que cuando la reforma energética se metiera en las entrañas de Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían de trastocarse muchas más cosas que lo simplemente referente al petróleo.

Falta conocer los alcances para el gasto público de quitarle la bota fiscal del cuello a la petrolera estatal. Eso necesariamente tendrá que mover en un futuro la distribución de la carga tributaria.

Pero por lo pronto, si la decisión es convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas verdaderamente competitivas y rentables, hay que empezar por desintoxicarlas.

Uno de los grandes cambios pendientes aún en este país es la recomposición de las condiciones laborales de muchas entidades públicas, desde Pemex hasta muchos gobiernos estatales que durante muchos años hicieron de la relación con sus trabajadores un instrumento de control político.

El canje de productividad por votos y de prebendas por aceptación de un modelo casi dictatorial que ejerció el PRI durante muchas décadas provocó enormes distorsiones para un país que cambiaba en lo democrático y en lo demográfico.

La reforma energética tiene que pasar por la modificación de esas condiciones de trabajo porque, efectivamente, no es un acto de justicia que todos los contribuyentes tengan que cargar con una parte del pasivo de Pemex y CFE.

A cambio de pagar con nuestro dinero los errores del pasado, la exigencia mínima es que no siga sucediendo y que los trabajadores al servicio de estas y otras entidades públicas tengan los derechos y obligaciones de los empleados de las entidades privadas.

Los empleados telefonistas son un buen ejemplo. No tienen una dirigencia sindical precisamente democrática, pero la relación entre empresa y sindicato está basada en la productividad, no en la operatividad política de los trabajadores.

Si los legisladores deciden ahora incluir algún artículo que condicione el rescate del pasivo laboral de Pemex y CFE a la modificación de los contratos colectivos de trabajo, tendrán que ser extremadamente cuidadosos con la redacción.

Cualquier indicio de injerencia externa en los asuntos sindicales no aguantaría el más mínimo juicio de amparo. Y entonces, habría recursos públicos para el rescate y ninguna obligación legal de cambiar las cosas.

Parece que hay la suficiente colaboración política, expedientes incluidos, para contar con la colaboración de los dirigentes sindicales para propiciar cambios de efecto inmediato. No salidas temerosas como las aplicadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde los graves problemas financieros de hoy se corrigieron con medidas de efecto generacional.

Así pues, la reforma energética finalmente se cruzó con otro de los grandes cambios pendientes en este país, el de las pensiones y las relaciones laborales de algunos sectores.

Se puede librar el momento con cargo a gasto público, como de costumbre, y postergar el problema. O bien se puede mover a México a una corrección estructural mucho más completa, incluyendo el tema de las relaciones sindicales.

Ésta puede ser una semana histórica, no sólo por la aprobación de la reforma energética, sino por abordar este asunto con la convicción de que hay que cambiar la visión de tener trabajadores militantes a trabajadores productivos.