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A un mes de haber pasado en comisiones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa con el voto de todos los partidos, salvo el PAN y ocho legisladores de Morena ligados a la CNTE. Si, como se perfila, algo similar ocurre en el Senado, el nuevo marco constitucional educativo quedará definido hoy mismo.

Pese a que la Coordinadora ha estirado la liga en un sentido y los partidos de oposición lo han hecho hacia el lado contrario, todo apunta a un triunfo para el gobierno. La CNTE siguió protestando, pero dejó que los legisladores sesionaran y se lograran los votos necesarios para las reformas constitucionales.

A decir de los negociadores, el memorando del presidente Andrés Manuel López Obrador que suspendió la aplicación de las normas aprobadas en 2013, fue clave para que la CNTE matizara sus protestas. Ahí estaba plasmada la intención de abrogar la reforma de EPN, como lo exigía la Coordinadora. Esa advertencia y los compromisos asumidos sobre el sentido de la legislación secundaria fueron claves para los disidentes.

La CNTE habrá ganado si esa legislación, cuya aprobación ya no requiere los votos de la oposición, traduce a su favor las reformas constitucionales. La inclusión en la reforma de un transitorio que remite las relaciones laborales de los maestros al apartado B del artículo 123 constitucional, ya es un logro para la Coordinadora.

Curiosamente, al menos en la Cámara de Diputados, el PRI y el PAN también se ubican como ganadores.

Aunque los panistas votaron en contra, su coordinador ha resaltado los mismos “logros” que enlistan los priistas. Ambos partidos destacan que se haya impedido que todo lo aprobado en 2013 se borrara de un plumazo y consideran incluso que se hicieron mejoras. En el Senado los argumentos han sido muy parecidos.

Para hacer un balance definitivo habrá que esperar la legislación secundaria. En todo caso, no todos ganan con el nuevo modelo. Pierden quienes creen que el mérito es el único criterio que debe definir la carrera magisterial; quienes, convencidos, avalaron la reforma de 2013 y el planteamiento de que las evaluaciones definieran la situación laboral de los maestros. Y es que ese principio ya quedó definitivamente derogado.