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Supongamos sin conceder —frase muy usual en López Obrador— que la reforma al Poder Judicial fuera aprobada por el Poder Legislativo, sin quitarle ni una coma como desea el presidente en funciones.

Independientemente de los cambios y eliminaciones en la institución encargada de la impartición de justicia que la iniciativa presidencial propone, centraré mi opinión en la posible elección, mediante las urnas, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia —nueve en lugar de 11—, de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito. De ser así las cosas, más de 1,600 cargos judiciales se dirimirían por medio del sufragio. Los aspirantes a los puestos judiciales no podrían ser apoyados por ningún partido político. La elección se realizaría en junio del 2025 a cargo del, para lo que entonces podría ser el INEC: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, si ya fuera aprobada la propuesta del actual Ejecutivo a la reforma electoral.

Serían miles los licenciados y doctores en Derecho los que quisieran proponerse para ocupar los cargos referidos. Quiero pensar que algunos de ellos tendrían los conocimientos y los méritos suficientes para desempeñarlos. Sin embargo, no todos serían tomados en cuenta, sólo aspirarían al empleo aquellos que fueran propuestos por los tres poderes de la Unión, lo cual, en mi opinión, es una restricción a la democracia.

Alguien dijo, alguna vez, no sé quién: “El que hace la ley hace la trampa”. Por ejemplo, para elegir a los nueve ministros de la Corte habría 30 candidatos, 10 sugeridos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo —cinco por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados— y 10 propuestos por el Judicial. En esa proporción se seleccionarían todos los cargos en competencia, con lo cual, dando por hecho que Morena lograría la mayoría calificada en el Congreso, sus seleccionados tendrían una proporción de 66.6%, de ventaja en los precitados comicios y, por ende, los que mayores probabilidades tuvieran de quedar en el puesto.

El proyecto de ley del presidente incluye que los jueces de distrito y magistrados de los órganos judiciales de las entidades de la república se elegirían mediante el mismo procedimiento, regulado por los poderes legislativos locales.

Habría boletas donde aparecían 150 nombres para ser votados por el “pueblo sabio” que en su mayoría, a pesar de que los candidatos podrían hacer campañas en radio y televisión en los tiempos del Estado, apenas y tendría una leve idea de quienes son las y los aspirantes, si no es que desconocerían totalmente sus personas y trayectorias.

Además, ¿cuánto costaría la instalación de 130,000 casillas para 97 millones de votantes potenciales? ¿A cuántos de estos votantes potenciales les interesaría el proceso electoral? ¿Cuántos ciudadanos entenderían lo que se estuviera votando?

Lectoras y lectores habrán notado que hasta el párrafo anterior, todos los verbos han sido escritos en lo que gramaticalmente se llama tiempo condicional —pospretérito según Andrés Bello— un modo que indica hipótesis. Es decir, no doy por hecho la aprobación de la iniciativa enviada desde Palacio. Si bien nuestro sistema de justicia es corrupto y requiere una reforma, la propuesta presidencial no es la idónea para tener un equilibrio de poderes. La idea de aprobarla en fast track más que una necesidad es un capricho. Mi texto lleva implícita la esperanza de que como bien ha sugerido la próxima presidenta, la reforma sea ponderada y estudiada más que nadie por aquellos especialistas y practicantes del Derecho y se explique a la ciudadanía en qué consiste y en qué nos va a beneficiar.

Punto final

¿Qué tal una reforma al sector Salud y que los cirujanos sean electos por voto popular?

Y ya entrados en gastos que los seleccionados nacionales de futbol y su entrenador sean elegidos mediante un proceso electoral.