Beltrones y Ramírez Marín aún trabajan en la construcción de una propuesta que pueda convertirse en la base de un dictamen que realmente pueda llenar las expectativas de las dos alas
Abierto un impasse en el Senado de la República para definir sobre la extensión del mandato a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, parece inmutable la negativa de los partidos que integran el bloque de contención para aprobar el decreto aprobado en San Lázaro.
Los votos que requiere la mayoría morenista sólo podrían venir de la bancada tricolor. Algunos, como evidenció el dilema que enfrentan Mario Zamora Gastélum o Manuel Añorve, obedecerían a burdas coacciones. Los votos decisivos, empero, obedecen a otras lógicas.
Las presiones al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, están al margen. Cosa aparte son los esfuerzos de los senadores priistas para incidir en la definición del dictamen. La reconstrucción de los hechos revela que Sylvana Beltrones y Jorge Carlos Ramírez Marín han tenido un papel protagónico en la construcción de una ruta distinta a la que negoció Rubén Moreira Valdez. Y que sus tareas han logrado quedar al margen de las prisas gubernamentales.
La minuta aprobada en San Lázaro simplemente era intransitable. “En los términos en los que estaba no tendría el voto a favor”, definieron la mayoría de los senadores. Beltrones y Ramírez Marín plantearon la necesidad de ganar tiempo para añadir elementos y realizar modificaciones que realmente resulten útiles para construir una estrategia de seguridad exitosa y darle resultados a la gente.
En la dictaminación, en comisiones, Beltrones reiteró esa postura y con su abstención hizo patente su disposición de construir un nuevo acuerdo. Con esa postura coincidía Claudia Ruiz Massieu, aunque votaría en contra.
Los senadores priistas que impulsaban una nueva propuesta consiguieron que Monreal reconociera la necesidad de crear consensos y no acentuar la polarización entre las bancadas.
En el bloque tricolor hubo molestia debido a que la negociación que tradicionalmente —llevaría el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong— adquirió un tono “personal”. Y es que previamente, no se realizaron reuniones internas para fijar postura, por lo que los acercamientos de los enviados del secretario de Gobernación catalizaron la toma de postura.
Beltrones y Ramírez Marín aún trabajan en la construcción de una propuesta que pueda convertirse en la base de un dictamen que realmente pueda llenar las expectativas de las dos alas.
La propuesta priista contempla una doble garantía: las Fuerzas Armadas serían auxiliares en la estrategia de seguridad pública, mientras los esfuerzos institucionales estarían enfocados al fortalecimiento de las policías locales.
Y en vez del fallido sexto transitorio, establece una verdadera evaluación y revisión de la estrategia cada seis meses, que se realiza simultáneamente con evaluaciones a las fuerzas locales. La supervisión de la sociedad civil quedaría garantizada con la presentación de informes semestrales de Sedena, Marina y SSC a una Comisión Bicameral. Mientras que un grupo de alto nivel, conformado por organizaciones civiles, aseguraría la elaboración indicadores de medición y evaluación del actuar de las fuerzas federales. Ese grupo de Alto Nivel dependería de la Comisión Bicameral, y no del Ejecutivo.
Efectos secundarios
¿RELEVOS? En la mira de una facción morenista, el 2024 es prioritario. Y el triunfo de Claudia Sheinbaum debe ser tan contundente como el de AMLO en el 2018. Por lo mismo —sostienen— es viable el plan para traer al hijo pródigo de Tepito (léase Cuau Blanco) como candidato a la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y la gubernatura de Morelos? El grupo de René Bejarano —que no pudo mantener el control político donde actualmente gobierna la aliancista Sandra Cuevas— es el principal opositor de esa jugada maestra que por lo demás tiene una pequeña falla: el interesado no sería elegible, por no cumplir con el requisito de residencia.
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