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Se discute hasta el barullo la propuesta de reforma judicial del gobierno saliente, como si fuera un hecho, y hubiera que discutirlo como tal.

El Presidente añade su fuego a la hoguera de la discusión diciendo que ser juez no es muy difícil y que no se requiere mayor experiencia para serlo.

La hoguera se enciende, domina la pradera, hay foros, opiniones, y el Presidente se sale con la suya una vez más: impone el tema a debate.

Yo creo, como escribió Joaquín López-Dóriga aquí en estas páginas de MILENIO, que la discusión de la reforma judicial, con ser tan importante, es sólo una más de las batallas ganadas por López Obrador para distraer la atención pública de lo central.

Y lo central, como dice el mismo López-Dóriga, no es la reforma judicial, sino el alegato por la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso por venir.

Esa sobrerrepresentación desorbitada, a la que dediqué mi columna de ayer, es la que le permitiría al gobierno hacer la reforma judicial que propone, pues esa reforma necesita mayorías calificadas para cambiar la Constitución.

El gobierno dice tener esas mayorías y actúa en público como si las tuviera. Los medios discuten poco el hecho de que no las tiene, de que las mayorías calificadas en el Congreso (menos dos senadores) están sujetas todavía a tres pasos institucionales.

Primero, el recuento final de la votación y sus proporciones.

Segundo, la asignación de asientos en el Congreso que haga el Instituto Nacional Electoral.

Tercero, la validación o corrección que haga el Tribunal Federal Electoral de las asignaciones de lugares en el Congreso hechas por el INE.

El conteo definitivo de la elección terminará en las primeras semanas de agosto. La asignación de puestos en el Congreso por el INE será antes del 23 de agosto. La decisión final del Tribunal Electoral, se alargará hasta septiembre.

El hecho electoral puro y duro es que los votantes no le dieron al oficialismo las mayorías calificadas en el Congreso que el gobierno y los medios están dando por hechas.

Esta es una historia por escribir, todavía.

Y hay sólo 16 personas que la escribirán: 11 consejeros del INE y 5 magistrados del Tribunal.