La ironía es que los jueces que Trump puso para proteger su legado pueden ser los mismos que, en el nombre de la Constitución, desmantelen su herramienta económica más poderosa
Lo único que se ha enfriado esta semana es el clima, porque la cubetada de agua fría que se esperaba de la Corte Suprema sobre la política arancelaria de Donald Trump no llegó y eso mantiene el ambiente político y comercial al rojo vivo.
Para México este silencio no es menor, ocurre en el año marcado por la revisión del T-MEC, donde La Casa Blanca anticipa la mezcla de otros temas como seguridad y migración con la agenda comercial.
Esa decisión que todavía no llega de la Corte estadounidense es estructural para lo que venga para México, para el mundo, pero en especial para ese país.
El silencio de la Corte Suprema del viernes deja en suspenso a los mercados, a la sociedad y a la clase política estadounidense, porque definir la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” tiene implicaciones en los consumidores, pero también en la separación de poderes en Estados Unidos.
Más allá de las consecuencias técnicas y económicas, la aceptación o rechazo del déficit comercial como una situación de emergencia nacional puede validar la intentona de Donald Trump de ser el diseñador, por no decir dictador, absoluto de la economía estadounidense.
Es la diferencia entre ser un administrador ejecutivo o confirmar su pretendido poder de castigar o premiar a los agentes económicos a su antojo.
Hay mucha tensión por ese fallo que no llegó porque el impacto económico es innegable. Si la Corte ratifica la determinación de mayo del año pasado del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles, implicaría una carga para el Tesoro por un posible reembolso de hasta 150,000 millones de dólares.
Si la Corte le da la razón a Trump validaría el poder casi absoluto del Presidente sobre el comercio y le daría una patente de corso para usar los aranceles como arma negociadora prácticamente para lo que fuera.
Además, para los consumidores estadounidenses implica una factura adicional a sus gastos de entre 2,400 y 4,300 dólares al año por el pago de esos impuestos. Y también, claro, los efectos inflacionarios y hasta recesivos.
Algunos ven una salida salomónica con un borrón y cuenta nueva. Declarar ilegales los aranceles, pero a partir del momento del fallo, sin tener que reintegrar los impuestos de importación ya causados.
Pero en esa atención mundial sobre el futuro del poder presidencial de Donald Trump hay mucho interés sobre la forma de actuar de los jueces conservadores.
Seis de los nueve integrantes de la Corte son conservadores y tres de ellos fueron designados directamente por Trump. Sin embargo, hay la expectativa de que bajo la Major Questions Doctrine, que busca que sea el Congreso y no el Presidente quien tome las decisiones de gran calado, pudieran no dar la razón al Presidente.
Esa es una herramienta legal que ha usado la Corte para frenar otras políticas presidenciales que buscan sobrepasar sus atribuciones sobre el Congreso.
La ironía es que los jueces que Trump puso para proteger su legado pueden ser los mismos que, en el nombre de la Constitución, desmantelen su herramienta económica más poderosa.
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