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De mis columnas de ayer y hoy puede quedar la impresión, o fabricarse el infundio, de que critico al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU por decir lo que dice sobre México o sobre el gobierno mexicano.

Al contrario, lo critico por no decir todo lo que debería decir en materia de violación de derechos humanos en México, empezando por no tener en cuenta su verdadero origen: la guerra contra las drogas y su mecánica sangrienta.

No dice una palabra, por ejemplo, sobre la colaboración secreta de la embajada americana y sus agencias, la DEA en particular, en tareas de inteligencia encubierta que conducen con frecuencia a capturas ilegales o a ejecuciones extrajudiciales por parte de las corporaciones militares mexicanas.

Nada dicen de las afectaciones a la paz, la seguridad y los derechos de regiones enteras que esta guerra impone con su enorme cauda de “consecuencias no buscadas”, esas que la ONU reconoce en sus documentos sobre los pobres frutos de su política prohibicionista, pero no en el campo de batalla.

Ronaldo González, editor de la revista Aldea 21, me ha escrito ayer dos pincelazos sobre las “consecuencias no buscadas” de esa guerra en Sinaloa:

“La guerra se hizo ya vieja con la venia de las potencias, particularmente Estados Unidos, y de la ONU. En este estado, de acuerdo con un comparativo entre el censo de población de 1970 y el de 1980, realizado por el ombudsman sinaloense Óscar Loza Ochoa, desaparecieron 2 mil comunidades en la sierra (La Operación Cóndor, Editorial Proceso, 1981).

“Hoy mismo (12 de octubre), el periódico Noroeste de Culiacán informa de decenas de familias de las comunidades El Verano, La Iguana y Tamazula, desplazadas debido a operativos de las fuerzas de la Marina, hacia Cosalá. Este es otro de los resultados de la guerra avalada por los gobiernos y la ONU: una que con el eufemismo de ‘desplazados’, designa un drama, una tragedia de proporciones todavía no calculadas”.

El verdadero tamaño de la tragedia humanitaria producida por la guerra de las drogas mexicana no puede ser reportada cabalmente por funcionarios de la ONU, porque ellos son parte del problema: son la institución protectora del consenso prohibicionista que legitima estas guerras y sus “consecuencias no buscadas”.

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