La justicia cotidiana se resuelve en el día a día, en el contacto con las autoridades administrativas, en lo que ocurre en los tribunales en el ámbito local
Una de las mayores insuficiencias del desarrollo en nuestro país es el déficit de legalidad. Se trata de una inercia que nos ancla justamente al pasado. De hecho, debe sorprender que logros significativos en materia económica y política no se han acompañado con la fortaleza del estado de derecho.
Tengo la convicción plena que el México deseable obligará a tomar con mayor determinación el tema de legalidad. Existen fortalezas: instituciones, Constitución y leyes, pero no son suficiente.
La cultura de la legalidad es precaria no solo en autoridades y políticos, también en las élites.
No pocos han interiorizado coartadas para dar vuelta al cumplimiento con la norma. Uno de los derroteros más delicados y perniciosos es el separar la justicia de su expresión normativa.
Particularmente para las autoridades, no puede haber otra justicia que la legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una tarea encomiable para la salvaguarda de la Constitución.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial también ha cumplido con su responsabilidad. Sin embargo, el desafío de la justicia es considerablemente mayor, además que el camino a la plena constitucionalidad es sinuoso, complejo y lento.
La justicia cotidiana se resuelve en el día a día, en el contacto con las autoridades administrativas, en lo que ocurre en los tribunales en el ámbito local.
Nadie puede darse por satisfecho con la situación del sistema de justicia, especialmente si en materia penal se advierte la cifra elevadísima de impunidad. En el inicio de sesiones ordinarias del Congreso se presentan varios proyectos en el que el debate fundamental será el de la constitucionalidad de los proyectos legislativos.
El antecedente de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica no ha sido ejemplar. Por eso es de la mayor relevancia que los legisladores, particularmente los de la mayoría gobernante, se apliquen al examen riguroso para asegurar que las reformas de ley se apeguen a la carta magna.
De igual manera habrá que estar atentos a la decisión del pleno de la Corte en torno a la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El momento es clave. Todos queremos un mejor país. Empecemos por comprometernos con la legalidad para hacer viable la esperanza.
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