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La inflación destruye la capacidad de ahorro y de planeación. Es un impuesto regresivo que golpea con más fuerza a quienes menos tienen y eso engendra un sentimiento legítimo de injusticia, lo que se convierte en el combustible ideal para los ímpetus populistas de gobiernos que han hecho de ese timo social su piedra angular.

Qué mayor despropósito populista que ver al Secretario de Hacienda, ni siquiera al de comercio, recorriendo tianguis para que verifique personalmente los precios de los productos de la canasta básica. Como si Édgar Amador no tuviera suficiente trabajo tratando de equilibrar las finanzas para evitar una degradación crediticia.

Dice el manual que en momentos como éste hace falta una dicotomía entre “el pueblo” y “la élite abusiva”, y la inflación ofrece el escenario perfecto para esa narrativa.

No puede subir la canasta básica, nadie debe aprovecharse de la situación actual de los precios de los combustibles, México produce casi todo el combustible que consume. Esas afirmaciones faltan a la verdad y detonan estrategias que pueden ser contraproducentes para los propios mercados.

Al cierre de marzo pasado el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostraba muchas realidades persistentes. La primera es que la inflación general se mantiene fuera de rango desde cualquier perspectiva y que una mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México se muestra complaciente con ese despropósito, lo que afecta su credibilidad institucional.

Otra más es que la parte más volátil de la inflación ha incrementado las presiones de los precios y el impresionante repunte del subíndice de frutas y verduras, con su 21.77% anual, es uno de los principales dolores de cabeza.

Sin embargo, culpar a la “codicia del intermediario” es una salida fácil que pretende ignorar los hechos. Por ejemplo, con el precio del jitomate y su descomunal aumento mensual en marzo pasado de 42% va más allá del Estrecho de Ormuz, hay cuestiones climatológicas cíclicas y hasta el efecto de los aranceles estadounidenses en la disminución de la superficie sembrada.

Pero, en general, a los precios de los productos básicos hay que sumarle las presiones del “impuesto criminal”. La inseguridad en las carreteras, la extorsión a los productores, el cobro de piso a los distribuidores, lo que implica costos adicionales que se traspasan a los consumidores.

Ante este panorama, la tentación de imponer controles de precios a los combustibles o a los productos básicos se asoma como una solución mágica. Pero la historia económica no se equivoca: los precios controlados son la receta más rápida para el desabasto.

Además, un enfoque populista del problema inflacionario busca esconder que cualquier solución tiene que aplicarse en “los bueyes de mi compadre”. Porque a la par de la queja de los incrementos en los precios de los particulares, el gobierno elevó el lunes el peaje de la red de carreteras que controla en 4.7%, muy por arriba de la inflación; y el subíndice inflacionario de tarifas autorizadas por el gobierno tiene ya un incremento anual de 6.03 por ciento.

El verdadero peligro es que, en afán de controlar la narrativa política, se termine dinamitando la estabilidad técnica. Cuando la política económica se hace caminando por los mercados en lugar de analizar los fundamentales fiscales, el resultado suele ser una crisis más profunda.

El gobierno elevó el lunes el peaje de la red de carreteras que controla en 4.7%, muy por arriba de la inflación.