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Para quienes creemos que la democracia debe corregir a la democracia y las instituciones equilibrar al poder, el gran ausente del momento político de México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Han llegado a la Corte alegatos y amparos contra leyes que cambian cualitativamente nuestro régimen jurídico, sobre los cuales la Corte no se ha pronunciado.

Su silencio mantiene en vilo constitucional al país, que tiene un gobierno democráticamente electo, pero sujeto a revisión constitucional en cuestiones fundamentales.

Hice la lista de lo sujeto a revisión hace unos días en este espacio. Vale la pena repetirlo, porque, entre más tiempo pasa, mayor importancia adquieren esos litigios respecto del régimen político en que vivimos y vamos a vivir.

Están impugnadas ante la Corte, y ésta debe resolver si valen o no, las siguientes leyes:La Ley de Remuneraciones del Sector público, que fija los salarios de Estado federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública que introduce la figura de superdelegados federales, atentatoria de la soberanía de los estados.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que autoriza la expropiación de bienes sospechosos de procedencia ilícita.

La equiparación de delitos fiscales y delincuencia organizada, con pena de prisión forzosa.

Los presupuestos federales 2019 y 2020, por reasignaciones lesivas a derechos previos.

La ley que crea la Guardia Nacional y la de Uso de la Fuerza Pública, porque atentan contra derechos humanos y garantías individuales.

La Ley General de Educación, porque obliga a los estados a hacerse cargo de la enseñanza básica sin darle los recursos federales asignados.La supresión del programa de Estancias Infantiles.

La prohibición por 10 años de que se contrate fuera del gobierno quien haya trabajado en él.

Hay en la Corte, además, amparos contra la cancelación del NAIM, contra la construcción de Santa Lucía, contra la refinería de Dos Bocas, contra la construcción del Tren maya.

Dicho de otro modo, están en litigio ante la Corte los cambios fundamentales propuestos por el actual gobierno. La Corte tiene que definirle a los mexicanos cómo será su futuro. Institucionalmente hablando, nunca tanto dependió de tan pocos : 11 ministras y ministros de la Corte . La Corte debe definir. Para quienes creemos que la democracia debe corregir a la democracia y las instituciones equilibrar al poder, el gran ausente del momento político de México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Han llegado a la Corte alegatos y amparos contra leyes que cambian cualitativamente nuestro régimen jurídico, sobre los cuales la Corte no se ha pronunciado.

Su silencio mantiene en vilo constitucional al país, que tiene un gobierno democráticamente electo, pero sujeto a revisión constitucional en cuestiones fundamentales.Hice la lista de lo sujeto a revisión hace unos días en este espacio. Vale la pena repetirlo, porque, entre más tiempo pasa, mayor importancia adquieren esos litigios respecto del régimen político en que vivimos y vamos a vivir.

Están impugnadas ante la Corte, y ésta debe resolver si valen o no, las siguientes leyes:La Ley de Remuneraciones del Sector público, que fija los salarios de Estado federal.La Ley Orgánica de la Administración Pública que introduce la figura de superdelegados federales, atentatoria de la soberanía de los estados.La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que autoriza la expropiación de bienes sospechosos de procedencia ilícita.

La equiparación de delitos fiscales y delincuencia organizada, con pena de prisión forzosa.

Los presupuestos federales 2019 y 2020, por reasignaciones lesivas a derechos previos.

La ley que crea la Guardia Nacional y la de Uso de la Fuerza Pública, porque atentan contra derechos humanos y garantías individuales.

La Ley General de Educación, porque obliga a los estados a hacerse cargo de la enseñanza básica sin darle los recursos federales asignados.La supresión del programa de Estancias Infantiles.

La prohibición por 10 años de que se contrate fuera del gobierno quien haya trabajado en él.

Hay en la Corte, además, amparos contra la cancelación del NAIM, contra la construcción de Santa Lucía, contra la refinería de Dos Bocas, contra la construcción del Tren maya.

Dicho de otro modo, están en litigio ante la Corte los cambios fundamentales propuestos por el actual gobierno. La Corte tiene que definirle a los mexicanos cómo será su futuro. Institucionalmente hablando, nunca tanto dependió de tan pocos : 11 ministras y ministros de la Corte . La Corte debe definir.