Ha pasado un mes desde la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México, con la indiscutible mayoría morenista. Y con las 16 alcaldías en ciernes, sólo restan los poderes Ejecutivo y Judicial por renovarse. El cronograma capitalino marca la renovación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para mediados de noviembre. … Continued
Ha pasado un mes desde la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México, con la indiscutible mayoría morenista. Y con las 16 alcaldías en ciernes, sólo restan los poderes Ejecutivo y Judicial por renovarse.
El cronograma capitalino marca la renovación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para mediados de noviembre. Y sólo dos opciones: la reelección del actual titular, Álvaro Augusto Pérez Juárez, ahora que se han despejado las dudas sobre la validez de su postulación, o la irrupción de un magistrado que encauce un rumbo, acorde con la cuarta transformación y la austeridad republicana.
Apenas están por resolverse las bases del proceso de selección. Y la división en el pleno de magistrados prevalece. Entre los magistrados existía una controversia sobre la elegibilidad del actual presidente del organismo, toda vez que en la nueva Constitución capitalina se prohíbe la reelección en ese encargo. Sin embargo, para el Poder Judicial, dichas leyes entran en vigor hasta junio del próximo año.
Apenas el miércoles pasado, en un pleno cerrado, quedó despejada la duda: 46 magistrados votaron a favor y 33 en contra. Así que Pérez Juárez se inscribiría, amparado en el artículo 33 de la Ley Orgánica vigente.
El próximo lunes 22 deberán quedar definidas las reglas de la competencia interna, pero ya están perfilados los favoritos y las alianzas, en ciernes.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez encabezaría uno de los agrupamientos y contaría con el apoyo de aspirantes que se quedarían en el camino, particularmente de la magistrada del área Civil, Rosalba Guerrero Rodríguez, quien tendría el veto del ex magistrado presidente y actual embajador de México en los Países Bajos, Elías Azar.
Señalado como el rival más fuerte del magistrado presidente, Guerra Álvarez tendría a su favor sus nexos con la cúpula morenista, en gran medida por las relaciones políticas de su esposa, Eva Verónica de Gyves, y su cercanía con la próxima secretaria del Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez.
A contrario sensu, enfrenta fuertes cuestionamientos por sus decisiones en el caso News Divine, particularmente de los familiares de los jóvenes fallecidos, quienes acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos para quejarse, porque el magistrado demoró tres años el examen del expediente y nunca haber dictado sentencia condenatoria a los imputados. El asunto sigue pendiente y los familiares de las víctimas iniciaron la búsqueda de apoyo en tribunales internacionales para lograr que se sancione a Guerra Álvarez y al entonces delegado en la Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, quien ahora ocupa la alcaldía.
Otro de los aspirantes es el magistrado Carlos Vargas Martínez, quien hace unos años fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por malos manejos en el órgano administrativo federal, pero continuó su carrera en tribunales locales, logrando ser oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, durante un periodo en el que no hubo licitaciones y todas las compras fueron por adjudicación directa.
Vargas Martínez y Guerra Álvarez comenzaron a formar una alianza para garantizar que el juez del caso News Divine llegue a la presidencia y que su compañero sea nuevamente oficial mayor a cargo de las compras para el Tribunal.
Uno más en la lista de aspirantes es el ministro Juan Luis González A. Carrancá, quien salió del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Boletín Judicial para alcanzar una Magistratura.
Al margen de estas pugnas estaría la magistrada en materia Penal Celia Marín Sasaki, quien contaría con el respaldo del exjefe del Gobierno capitalino y actual senador, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Manuel Díaz Infante también estaría interesado en el cargo y su trayectoria política lo haría un buen prospecto, además de sus ligas con Emilio Gamboa. Pero sin nexos con el nuevo gobierno, sólo aspiraría a convertirse en el Plan B del grupo hegemónico, en caso de que Pérez Juárez decidiera truncar su carrera judicial.
EFECTOS SECUNDARIOS
DILACIONES. El ministro Alberto Pérez Dayán retiró los proyectos relativos a la constitucionalidad de no obligatoriedad de inscribir a los empleados domésticos al IMSS, que serían discutidos en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —amparo directo 8/2018 y 9/2018—, para reformular su propuesta. “Son asuntos de una enorme complejidad que han causado mucha discusión en el seno de la sala, donde hay algunos puntos de luz con respecto de cómo resolver el asunto”, reconoció.
¿EJEMPLARES? Si los gobiernos estatales se hubieran apegado a su presupuesto, tan sólo en el gasto burocrático, habrían ahorrado 62,017 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con el Índice de información del ejercicio del gasto, recientemente publicado por el Imco. ¿Ejemplos? Se gastaron 90.9% más de lo presupuestado en eventos oficiales, 88.4% más en servicios profesionales y 75.4% más en productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. Después del mensaje del presidente electo López Obrador a los gobernadores de no subir ni crear más impuestos, la tarea del poder Ejecutivo y sus coordinadores estatales será cuidar el presupuesto, detener el despilfarro y evitar que la Federación continúe subsanando el mal manejo de las finanzas en las entidades del país.
INNOVADORES. Tras dos años de sólido crecimiento, Upax expandirá sus servicios de investigación de mercado a Centroamérica y además de duplicar su facturación al cierre del 2017, con lo que cerraron con 400 millones de pesos, este año esperan crecer en más de 200 por ciento.
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