La dificultad de ‘El Mayo’

Hay espacio legal para que Ismael El Mayo Zambada exija al gobierno mexicano, como lo hace en una larga carta, que lo defienda como víctima de un secuestro transnacional. Y para que, en caso de que lo juzguen allá, no le apliquen una pena que no existe en México, la pena de muerte (una muy buena glosa de la carta en MILENIO: https://t.co/oamVkCj15i).

Legalmente hablando, en defensa de la soberanía, el gobierno mexicano tendría que defender a El Mayo en los términos que expuso la presidenta Sheinbaum: no por la persona, sino por el principio de que nadie puede secuestrar a un mexicano y llevarlo a juzgar a otro país.

Hay el caso previo del doctor Álvarez Machain a quien la DEA acusó de ser quien revivía al agente Enrique Kiki Camarena, para que lo siguiera torturando la gente de Rafael Caro Quintero, hasta quitarle la vida, en 1985.

Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara en 1990 por policías cómplices de la DEA y llevado a juicio a Texas. Su caso dio lugar a una protesta diplomática del gobierno mexicano, y el doctor fue repatriado bajo el argumento, hecho por una corte estadunidense, de que su secuestro violaba el tratado de extradición vigente entre ambos países.

Lo mismo podría alegar México hoy a propósito de El Mayo. El caso legal es semejante, pero no el peso de los personajes, ni la circunstancia política.

Haciendo lo que le marcan las leyes, defendiendo el principio de soberanía, como ha dicho que hará, el gobierno de Claudia Sheinbaum estará defendiendo a un delincuente del tamaño de un iceberg, cuya vida toda ha sido jugada por fuera de ley, un hombre que es la ilegalidad misma.

Eso no lo priva de sus derechos fundamentales, pero lo vuelve un personaje al que ningún gobierno quisiera verse obligado a defender como encarnación de su soberanía.

Se antoja muy alto el costo político de emprender la defensa de Zambada en estos momentos, frente a las nuevas definiciones legales de Estados Unidos que juzgan a El Mayo no sólo como un narcotraficante, sino como un terrorista.

La contradicción se cuenta sola: ¿un alegato de legalidad y soberanía nacional en defensa del crimen?