El deseo presidencial de dar acceso público al expediente se explica por la convicción del mandatario sobre la seriedad con la que actuó la Fiscalía y su compromiso con la transparencia
La determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la inocencia del general Salvador Cienfuegos es un acto de la mayor relevancia.
La acusación sobre un ex secretario de la Defensa Nacional implica no solo al conjunto de las fuerzas armadas, sino al Estado mexicano y al país mismo. Era necesario esclarecer el caso a partir de la disposición de las autoridades norteamericanas de regresar al detenido y, especialmente, de facilitar a la autoridad local el expediente sobre el que se sustentaba la inculpación.
La Fiscalía cumplió. No solo verificó la veracidad de lo investigado en el país por la DEA, sino que amplió las indagatorias. El señalamiento de que no existe evidencia sobre enriquecimiento inexplicable del general, no solo da cuenta de su inocencia respecto a lo señalado por las autoridades norteamericanas, sino de su probidad como servidor público.
La oportunidad se deriva de la conveniencia de que el caso se desahogara, especialmente si iba a haber una descalificación de la acusación norteamericana, antes del arribo de una nueva administración federal. La relación bilateral ha entrado a un ciclo de tensión y que una determinación tan delicada hubiera tenido lugar al inicio del nuevo gobierno, pudiera ser mal interpretada.
El Presidente de la República debe hacer su parte para fortalecer la relación bilateral en todos los frentes, en el marco de un nuevo contexto nacional e internacional que exige compromisos compartidos y, sobre todo, respeto al estado de derecho. La detención del general Cienfuegos fue un grave precedente, especialmente porque las indagatorias tuvieron lugar al margen del marco de colaboración y seguramente con acciones contrarias a nuestro marco legal.
El deseo presidencial de dar acceso público al expediente se explica por la convicción del mandatario sobre la seriedad con la que actuó la Fiscalía y su compromiso con la transparencia. Sin embargo, una vez publicado, es necesario valorar lo que establecen las leyes de ambos países y los efectos que pudiera tener en la colaboración bilateral el hacer públicas acciones que normalmente deben mantenerse en sigilo por razones de seguridad y para no dar ventaja al crimen organizado.
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