Hay que mantener la expectativa de que el 30 de septiembre del 2024 será el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El así lo prometió
Quebrantar las leyes y destruir la confianza en las instituciones, no deberían ser estrategias de ningún gobierno, por más que su promesa sea cambiarlo todo.
Ganar una elección con una cantidad histórica de votos no significa que nadie les endosa la propiedad del país. Simplemente ganan la responsabilidad de administrarlo.
Hay que mantener la expectativa de que el 30 de septiembre del 2024 será el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El así lo prometió.
Y si las reglas de la democracia se siguen respetando en México, cualquier otro partido y candidato puede gobernar a partir de ese momento.
Así es que a la 4T de López Obrador le quedan cuatro años, cuatro meses y 10 días que no le dan derecho a dejar una herencia de desconfianza en el país, en sus leyes y en sus instituciones. Porque lo que hacen de no respetar los compromisos legales y desprestigiar a las instituciones, como ahora mismo lo intentan con el Inegi, corre en contra de la estabilidad futura de México.
El golpe que este gobierno dio a las energías limpias, por decreto presidencial, no sólo pone en peligro inversiones que ya se llevaron a cabo y arriesga miles de empleos en ese sector, sino que deja la certeza de que en México las leyes no valen. Dejan claro que en este país puede un solo hombre ponerse por encima de cualquier ley, incluso la Constitución.
Si el pasamiento decimonónico del actual gobierno lleva a pensar que es mejor la energía cara y contaminante del combustóleo, controlada por el Estado, en lugar de la libre competencia de los capitales privados en energías limpias, entonces debió impulsar cambios constitucionales para echar para atrás la reforma energética. Pero dar golpes a punta de decretos implica un daño en la confianza de México que prevalecerá cuando ellos ya se hayan ido.
Asimismo, desde esa visión arcaica y de ADN autoritario del partido Morena se impulsa la idea de obligar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a convertirse en la policía de la reivindicación comunista. Quieren que el Inegi mida la concentración de la riqueza.
Ese planteamiento, de enorme tufo chavista, busca de entrada desprestigiar a esa institución, a reserva del uso que le quisieran dar a esa información.
¿Quién en su sano juicio dejaría entrar a un encuestador del Inegi a revisar su patrimonio?, ¿Quién volvería a confiar en el trabajo de ese instituto?
Sólo hay que recordar dos episodios recientes. El presidente López Obrador cree que los aerogeneradores afean el paisaje: la Secretaría de Energía detiene la generación de energías limpias.
El presidente López Obrador dice que la medición del Producto Interno Bruto que hace el Inegi ya no sirve y que ahora se va a medir la espiritualidad: Morena busca desacreditar el trabajo del instituto encargado de las estadísticas económicas.
El día que acabe este gobierno (en 1,592 días), éstos y todos los daños que se acumulan en la legalidad, en la confianza y en las estructuras social y económica nacionales, se van a quedar.
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