Lo cierto es que la acusación del Departamento de Justicia pone en evidencia que esa investigación debió hacerse en México hace varios años, pues sobran los indicios de que Rocha Moya andaba en malos pasos
LIC. LÁZARO CÁRDENAS BATEL,
JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA:
+ Soberanía: poder político
Supremo que corresponde
a un Estado independiente.
Diccionario de la Real Academia
Debió ser muy difícil escribir el texto que leyó la presidenta Sheinbaum en la mañanera de ayer, mediante el cual fijaba su posicionamiento en relación con la acusación del Departamento de Justicia en contra de 10 personas vinculadas al gobierno de Sinaloa, empezando por el mandatario estatal Rubén Rocha Moya.
La mandataria no improvisó, sino que leyó un breve texto preparado meticulosamente. “Es obligación de la Fiscalía,” dijo, “a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”.
En síntesis, si la Fiscalía General de la República encuentra “pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana”, deberá proceder conforme a Derecho.
La acusación enviada por el Departamento de Justicia no incluye pruebas, pues de acuerdo a los procedimientos, tendrá 60 días para presentarlas, pero ahí no para el problema para procesar el caso. De acuerdo con doña Claudia, “cuando decimos ‘pruebas’, es pruebas, no es nada más un dicho de una persona; tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana”. Aquí es donde la presidenta cae en una contradicción, pues recordemos que la condena de Genaro García Luna fue ampliamente festejada y no se hicieron remilgos a que estuviera basada en los dichos de los delincuentes.
A lo largo de la acusación del Departamento de Justicia, se relatan varias reuniones entre Rocha Moya y otros acusados con Ovidio e Iván Guzmán López; es imposible suponer que haya fotos, video o grabaciones sobre tales reuniones celebradas en junio de 2021. Lo lógico es que hayan sido lo más secretas posible.
En tales encuentros las partes acordarían la ayuda que los Guzmán brindarían a Rocha Moya y “si resultaba elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos”. Después se narra la forma en que operó el Cártel de Sinaloa para que el candidato morenista obtuviera el triunfo: “El día de las elecciones, (…) siguiendo órdenes de Iván, sicarios del cartel robaron papeletas y urnas del partido opositor y, utilizando la lista que Enrique Díaz había entregado a los líderes de los Chapitos con los oponentes de Rocha Moya y sus direcciones, secuestraron a los oponentes de Rocha Moya y los intimidaron para que se retiraran de la contienda”.
Esta no es la única reunión citada en la acusación; en otra celebrada después del triunfo, se afirma que “Rocha Moya se aseguraría de que los Chapitos tuvieran el control de la Policía Estatal de Sinaloa, lo que permitiría a los Chapitos llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo. (… Además de) identificar y realizar detenciones de enemigos o miembros ajenos a los Chapitos, aparentemente con el fin de ayudar a la percepción pública de que Rocha Moya y su administración han mejorado la ley y el orden en Sinaloa”.
La acusación detalla a cuánto ascendían los sobornos mensuales de cada uno de los acusados, todos ellos de miles de dólares, y cuál era la contraprestación que los funcionarios debían dar. Por ejemplo, José Antonio Dionisio Hipólito, miembro de la Policía Estatal en diversos cargos, desde 2012 y “hasta al menos 2024 (…) protegió a los Chapitos, entre otras cosas, al no detener a miembros de los Chapitos que portaban drogas y/o armas de fuego, y al autorizar la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos. (… Asimismo,) colocó a otros agentes de policía que figuraban en la nómina de los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa, vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de los Chapitos”.
La doctora Sheinbaum concluyó su posicionamiento diciendo que “como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”. Pero, “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Cualquiera coincide con la presidenta de que a México no le conviene la injerencia de ningún otro país; sin embargo, debe evitar que al gobernador se le proteja con tecnicismos legales cuando no con supuestos ataques al “movimiento de la Cuarta Transformación”. Y lo más importante, tener claro dónde y cómo se protege más la soberanía nacional: si rechazando la acusación del Departamento de Justicia o impidiendo que continúe la injerencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno y las actividades productivas en gran parte del territorio nacional.
Lo cierto es que la acusación del Departamento de Justicia pone en evidencia que esa investigación debió hacerse en México hace varios años, pues sobran los indicios de que Rocha Moya andaba en malos pasos.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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