La crisis no es aún constitucional

Por estruendosa que sea, la colérica embestida presidencial contra el Poder Judicial de la Federación y su titular, la ministra Norma Lucía Piña, todavía dista de implicar una “crisis constitucional”, por más que López Obrador violente la división de poderes que establece la Carta Magna que protestó guardar.

La escalada, sin embargo, merece la mayor atención, porque de algo así no existe precedente, ni siquiera en los más “corruptos” y “neoliberales” tiempos.

Más allá del discurso, conviene aquilatar que AMLO no se ha atrevido a desconocer ni desacatar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que tanto lo contrarían. Las extremas discrepancias y descalificaciones han quedado en el ámbito verbal, pero también colocado la relación entre el suyo y el Poder Judicial en el terreno de la barbarie o menos: en el de la estulticia por su evidente dosis de ignorancia y desprecio a la Ley Fundamental (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”).

Al deplorar que el ministro Javier Laynez Potisek admitiera a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INE contra las reformas que lo descuartizan y chatarrizan su operación, el Presidente dijo:

“Pueden (frenar el plan B) porque es la misma mafia que los conservadores. No quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia…”.

La pluralización abarca a 10 de los 11 ministros de la Corte y a la totalidad de magistrados y jueces. La excepción es el ex titular Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, único en quien López Obrador confía.

Ironiza. Minimiza y miente:

“Los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el Presidente de la República. Entonces, como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues quieren (echar abajo sus reformas) porque ellos tienen como Dios al dinero, su único Dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto”.

El verdadero fondo, sin embargo, está en lo que argumenta el ministro Laynez:

“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando. De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.

AMLO debiera bajarle todas las rayitas a su enojo, ya que sus quintacolumnistas se aprestan a manipular el INE…