Defender una política pública no significa negar sus fallas; significa corregirlas antes de que el desgaste interno termine afectando a las personas que buscan atención
En el papel, todo parece estar previsto.
Los contratos establecen que existen recursos financieros suficientes para operar durante el ejercicio fiscal 2026. El respaldo, según las cláusulas correspondientes, proviene de los convenios celebrados con la Secretaría de las Mujeres para ejecutar el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM). Jurídicamente, el andamiaje luce ordenado. Administrativamente, el mensaje es de suficiencia presupuestal.
Pero fuera del contrato, en los Centros LIBRE de Veracruz, la experiencia que denuncian trabajadoras contratadas por honorarios dibuja otro escenario: pagos retrasados, gastos absorbidos por el propio personal y una cadena de responsabilidades que parece diluirse entre áreas administrativas.
La contradicción resulta difícil de ignorar.
Porque mientras el modelo exige disponibilidad prácticamente permanente para atender emergencias de usuarias o responder a indicaciones de coordinación, quienes sostienen la operación afirman enfrentar incertidumbre sobre cuándo recibirán el ingreso correspondiente por su trabajo.
La paradoja adquiere mayor dimensión cuando se observa que algunas condiciones operativas obligan, en los hechos, a adelantar recursos propios para cubrir traslados, servicios o necesidades inmediatas derivadas de la atención institucional. En teoría existen lineamientos y mecanismos para viáticos; en la práctica —según los señalamientos expuestos— el dinero no siempre llega al ritmo que exige el territorio.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿qué tan sostenible es una política pública de atención a mujeres cuando parte de su funcionamiento descansa en la capacidad económica individual de quienes la ejecutan?
No se trata solamente de una discusión laboral. También es una discusión sobre la consistencia del Estado.
Si un contrato establece que el pago debe realizarse dentro de los primeros ocho días posteriores a la entrega de factura, conforme al marco legal citado por las afectadas, el incumplimiento recurrente deja de ser un asunto administrativo menor y comienza a convertirse en un problema de confianza institucional.
Las explicaciones oficiales —errores de timbrado, procesos en SEFIPLAN o inconsistencias fiscales— pueden existir y merecen revisión. Pero cuando esas justificaciones se vuelven permanentes y el retraso se normaliza, el riesgo es que la burocracia termine funcionando como escudo y no como solución.
También hay otro elemento que merece atención: el silencio.
Las denuncias sobre falta de diálogo con la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres no solamente reflejan inconformidad interna; evidencian una necesidad básica en cualquier institución pública: comunicar, explicar y asumir conducción frente a una crisis.
Porque administrar no es únicamente operar programas. También implica responder cuando el sistema deja de funcionar.
Los Centros LIBRE nacen con una finalidad social sensible y necesaria. Su legitimidad depende tanto de los servicios que ofrecen como de las condiciones laborales de quienes los hacen posibles. Defender una política pública no significa negar sus fallas; significa corregirlas antes de que el desgaste interno termine afectando a las personas que buscan atención.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Minuto a minuto
