La decisión es por una solicitud de medidas cautelares presentada entre empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro
Un juez federal de California dejó este miércoles sin efecto las políticas del gobierno de Donald Trump que obligaban a los empleadores a pagar 100 mil dólares por cada nueva petición de visa H-1B, al considerar que las agencias migratorias las implementaron sin seguir los procedimientos exigidos por la ley.
De acuerdo con la resolución, el juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro, proclamado por Trump en septiembre de 2025.
Un juez de EE.UU. exigió al Gobierno de Trump que le entregue en un plazo de 14 días la justificación legal de los ataques contra supuestas narcolanchas.https://t.co/UWGTE3vh1b pic.twitter.com/venmLqN4L4
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 30, 2026
Fallas en el procedimiento administrativo
La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago, aparte de que prohíbe a las agencias y a quienes actúen bajo su dirección seguir aplicándolas mientras no completen un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El magistrado concluyó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera “arbitraria y caprichosa” al no estudiar alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de imponer el nuevo requisito.
El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó a la Administración de Donald Trump reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países.https://t.co/YRNj97lnsi
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La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, estableció el pago adicional de 100 mil dólares para las nuevas peticiones H-1B, y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027.
El caso enfrenta así decisiones judiciales contrapuestas: mientras un tribunal federal de Washington confirmó en 2025 la autoridad del presidente para imponer el cobro, tribunales federales de Massachusetts y ahora California han dejado sin efecto las políticas utilizadas para aplicarlo.
Con información de EFE
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