Lo que está en juego es la confianza en las reglas del sistema electoral y la capacidad del país para renovar sus instituciones sin caer en la polarización permanente
En política, muchas veces el ruido pesa más que los hechos. Durante los últimos días, versiones sobre una supuesta fractura entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo intentaron instalar la idea de una alianza debilitada rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, los hechos terminaron por imponerse: las dirigencias de los tres partidos ratificaron públicamente su unidad y despejaron cualquier especulación.
En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró nuevamente una de las características que han marcado su gestión: claridad institucional y respeto a los procesos políticos. Lejos de intervenir en decisiones partidistas, dejó claro que las alianzas corresponden a las dirigencias de cada fuerza política, mientras que al Ejecutivo le toca presentar la iniciativa de reforma electoral para su discusión en el Congreso.
El mensaje no es menor. En lugar de alimentar disputas internas o asumir un rol partidista, la mandataria delimitó funciones: los partidos deciden su estrategia electoral y el gobierno cumple su responsabilidad de impulsar reformas que considere necesarias para el país. Esa separación, que debería ser normal en una democracia madura, resulta hoy un signo de estabilidad política.
Además, Sheinbaum recordó que cualquier cambio en materia electoral debe abrirse a la consulta ciudadana, colocando nuevamente al electorado en el centro del debate. Es decir, no se trata de ajustes hechos en lo oscurito, sino de una discusión pública donde la última palabra la tenga la ciudadanía.
La ratificación de la alianza oficialista no sorprende: el bloque ha logrado mayoría legislativa y resultados electorales consecutivos. Pero lo relevante es la forma en que la presidenta manejó el momento político, evitando confrontaciones y privilegiando la institucionalidad.
Mientras algunos sectores apuestan por la confrontación como estrategia, el gobierno federal parece optar por la estabilidad y la construcción de acuerdos. En un país donde históricamente las reformas electorales han sido fuente de crisis políticas, el tono moderado y abierto al debate puede ser una señal positiva.
La discusión apenas comienza y seguramente vendrán críticas, ajustes y negociaciones. Lo importante será que el proceso mantenga el rumbo democrático y que, como ha señalado la presidenta, sea la ciudadanía quien tenga la última palabra.
Porque, al final, más allá de alianzas y partidos, lo que está en juego es la confianza en las reglas del sistema electoral y la capacidad del país para renovar sus instituciones sin caer en la polarización permanente.
PEGA Y CORRE: “Quien gobierna limpio, no claudica ante el temor”. La frase aplica perfectamente al momento político que vive Veracruz tras la ruptura impulsada por el Partido del Trabajo contra Morena.
Mientras el proyecto nacional apuesta por estabilidad y acuerdos rumbo a las reformas que vienen, el comisionado político del PT en el estado, Ramón Díaz Ávila, y la dirigencia nacional encabezada por Alberto Anaya optaron por el camino del choque, acusaciones y ruptura, una decisión que poco aporta a la gobernabilidad y mucho a la confrontación.
Las diferencias se discuten, se negocian y se resuelven en la mesa política, no rompiendo alianzas ni generando ruido que sólo beneficia a la oposición. Gobernar implica responsabilidad y visión de largo plazo, no reacciones impulsivas.
Al final, quien actúa con claridad y sin miedo sostiene el rumbo; quienes rompen por cálculo o enojo terminan pagando el costo político.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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