El conflicto magisterial ha expuesto los límites del poder del Estado. La CNTE está haciendo una gran demostración de fuerza para echar atrás la reforma educativa. El gobierno ha reiterado que la ley no se negocia y el viernes advirtió que tomaría decisiones para liberar las vías estratégicas. El problema es que el espacio para … Continued
El conflicto magisterial ha expuesto los límites del poder del Estado. La CNTE está haciendo una gran demostración de fuerza para echar atrás la reforma educativa. El gobierno ha reiterado que la ley no se negocia y el viernes advirtió que tomaría decisiones para liberar las vías estratégicas. El problema es que el espacio para una salida negociada es tan estrecho como la capacidad del gobierno para enfrentar a la CNTE mediante el “uso legítimo de la fuerza”.
La legitimidad del Estado para emplear la fuerza pública está seriamente cuestionada. Esto resta poder al gobierno y lo pone en desventaja frente a un movimiento con importantes vasos comunicantes con organizaciones sociales, algunas de enorme peso moral, como la de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, e incluso con grupos radicales.
Aunque casos como el de Nochixtlán ponen en evidencia esa falta de legitimidad, el problema no es de ahora ni es exclusivo de este gobierno. Pienso que ni siquiera es atribuible solo al trauma del 68. La deuda con los sectores más vulnerables que la sociedad reclama al Estado le resta autoridad para el uso de la fuerza pública. Es el corolario natural de décadas de un ejercicio patrimonialista del poder.
No recuerdo que el Estado mexicano haya ganado la batalla de la percepción social cuando ha optado por confrontar con la fuerza a movimientos sociales. Al final, el saldo siempre le ha resultado negativo en la opinión pública nacional e internacional.
La CNTE es, a juicio de muchos, un grupo beligerante que defiende privilegios a costa del avance del país, pero para otros tantos es una organización social que combate carencias y rezagos en varios estados. La primera lectura juega a favor del gobierno, pero es de esperarse que la segunda sea la que predomine en caso de una escalada del conflicto.
No puede descartarse esa posibilidad cuando para el gobierno lo que está de por medio es tan significativo como la reforma educativa. Pero por las limitaciones de su poder, lo previsible es que el gobierno siga apostando por el desgaste del contrario con la intención de sacar la reforma educativa de la agenda de negociación.
El problema es que la CNTE parece estar siguiendo la misma estrategia de desgaste para que el gobierno acepte negociar, precisamente, esa misma reforma.
Hasta el momento ni el gobierno ni la CNTE han podido imponerse.
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