No es una práctica aislada que aparezca en conferencia de prensa el líder de alguna agrupación de comerciantes o productores para anunciar que a partir de una determinada fecha sus agremiados elevarán el precio de algún producto o servicio determinado.

Es algo que podríamos ver normal cuando cada mes el gobierno federal nos notifica sobre los incrementos en los precios de las gasolinas, por ejemplo.

Éstas son prácticas irregulares en una economía de mercado donde la oferta y la demanda deben determinar cuánto cuestan las cosas.

Los precios de las gasolinas se fijan desde una posición monopólica que está en proceso de afortunada corrección con la reforma energética. Pero cuando el refresco de la marca A sube a la par del refresco de la marca B o cuando todas las tortillerías suben al mismo tiempo el precio del kilo del alimento, lo que se puede sospechar es una colusión.

La falta de respeto a los consumidores es uno de los grandes problemas de la economía mexicana. Hay un desamparo del comprador que no ha encontrado la manera de organizarse para exigir sus derechos. De entre las pocas agrupaciones que ostentan nombres de defensa del consumidor, algunas sirven para fines políticos personales.

Por eso es de enorme importancia que ahora la propia procuradora federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, descubra un caso de colusión de precios que según sus propias palabras involucra a una importante cadena comercial.

Este gobierno ha sido muy bueno en la promoción de las reformas estructurales, tiene un especial reconocimiento por su capacidad política de vincular al Poder Legislativo. Y una de las pocas buenas reformas que heredó del gobierno anterior fue la de competencia económica.

Lo que sigue es que demuestre la capacidad de aplicar todos los cambios legales logrados hasta hoy y la colusión en torno al precio del limón es la mejor oportunidad de la Profeco, de la Secretaría de Economía y del gobierno de Peña Nieto para demostrar que hablan en serio.

El incremento del precio del limón de principios del año es toda una historia que involucra al Banco de México, al crimen organizado y al ejército.

La voz de alerta del cruce del precio del cítrico con las organizaciones criminales de Michoacán lo dio el gobernador del banco central, Agustín Carstens. Fue un asunto que trascendió las fronteras y que de hecho motivó a una movilización de tropas del ejército a proteger a los productores.No es exageración decir que esto fue el antecedente de la intervención federal en Michoacán y de paso, de la implementación de la gendarmería como una policía dedicada a cuidar los procesos productivos.

En ese río revuelto es que una cadena comercial aprovechó la oportunidad de coludirse con un distribuidor para especular con el precio, afectar a los consumidores y ganar mucho dinero.

A decir de la procuradora Martínez, el asunto está en manos de la PGR y no puede quedar en una declaración más desde la burocracia para ganar un poco de prensa.

Si el gobierno federal fracasa en este caso, perderá una gran oportunidad para aplicar una de las reformas estructurales más festinadas.

Es obligatorio para la administración de Peña Nieto abrir la caja de Pandora de la colusión de precios en la economía mexicana y luchar contra esa práctica que tanto daño ha provocado al bolsillo de los consumidores.