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La penumbra pericial sobre el incendio del basurero de Cocula se despejó de la única manera científica en que podía hacerse: desmintiendo a alguien.

El empate de opiniones previo era científicamente insostenible. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostenía que en el basurero no había podido quemarse ni siquiera un cuerpo. Según la PGR, ahí se habían quemado los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa sacrificados esa noche.

Las dos cosas no podían ser verdad: unos mentían y otros no.

El veredicto de los nuevos peritos es que mienten los que dijeron que el fuego era imposible. Hay “evidencia suficiente para afirmar que sí existió un fuego controlado de grandes dimensiones” y que “al menos 17 seres humanos fueron quemados en ese lugar”.

El nuevo informe pericial no hace verdadera toda la versión oficial de lo sucedido aquella noche. Para empezar, no habla de las fechas en que el incendio tuvo lugar. Tampoco valida, ni niega, que se haya quemado ahí a todos los normalistas desaparecidos, 43.

Pero saca el caso del falso empate científico en que lo había colocado el GIEI, por atarse a la versión de su solitario experto en incendios, José Luis Torero:

“No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un cuerpo” (GIEI: Informe Ayot-zinapa, p. 420).

Amarrado a este veredicto, el GIEI no puso el énfasis en lo que quizás ha sido su gran hallazgo: que el sistema de investigación criminal de México no tiene credibilidad ninguna, es una red de agujeros.

El GIEI apostó a descalificar toda la versión de la PGR con base en que el incendio era imposible. Ahora el GIEI queda en la posición inversa: toda su credibilidad se derrumba si el incendio fue posible.

Con su apuesta, el GIEI dio duros golpes a la credibilidad del gobierno mexicano, pero también lesionó el prestigio de averiguación independiente que representa. Melló su marca.

Lo sucedido no es una buena noticia para la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA, patrocinadora del GIEI, ni para la causa de los derechos humanos en México, que requiere exigente y confiable vigilancia internacional.

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