La reforma fiscal que prometió el presidente, debería quedar aprobada justo después de las elecciones intermedias, para no causar molestias entre sus votantes, pero debería quedar lista antes de la aprobación del paquete económico del 2022
En este gobierno, para poder tener un poco de claridad del rumbo que quiere llevar, hay que atender siempre la voz de las mañaneras. Todo el resto del coro suele tener un acompañamiento desafinado, contradictorio.
Pero, hay que tener siempre en cuenta que la voz cantante del presidente Andrés Manuel López Obrador hace constantemente falsetes para acomodarse a la tonada de la siempre terca realidad.La seguridad era el estribillo de la canción, pero nomás no suena en la trova de este gobierno. El crecimiento era la batuta de esta orquesta y quedó como una maraca de fondo con aquella abstracción surrealista de que lo importante no es el crecimiento sino el desarrollo.
Uno de los temas centrales que deja escuchar voces desafinadas es el relativo a la pertinencia o no de que este gobierno lleve a cabo una reforma fiscal. Siempre, cada gobierno entiende de manera diferente qué es eso de un cambio tributario. Casi siempre termina en un aumento de impuestos a los contribuyentes cautivos.
Pero en el diseño de la 4T, López Obrador siempre contempló hacer una reforma fiscal para la segunda mitad de su mandato.
El cálculo político de esta administración era pasar las elecciones intermedias del 2021 y entonces trabajar en un cambio tributario que entrara en vigor en el 2022.
Pero hoy, cuando la economía está estancada y al mismo tiempo las finanzas públicas parecen comprometidas por la falta de fuentes de ingreso. Hay una discusión interna entre la conveniencia o no de llevar a cabo un cambio en la manera de cobrar impuestos y por supuesto sus montos y alcances.
Apenas durante el otoño pasado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, les dijo a las firmas calificadoras en una reunión con el Banco Mundial, que esa dependencia ya tenía instrucciones presidenciales para iniciar la exploración de una reforma fiscal para el 2022.
Lo dijo, obviamente, ante un auditorio que está seriamente preocupado por el mal desempeño económico de México y su eventual repercusión en la salud de las finanzas públicas. Son precisamente las firmas calificadoras, que este año miran con lupa la calificación crediticia de Pemex, las que quieren escuchar que el gobierno toma con seriedad la baja en los ingresos fiscales.
Ésa ha sido la línea discursiva que ha mantenido la Secretaría de Hacienda. Pero ahora, desde el Servicio de Administración Tributaria, llega la voz de su titular Raquel Buenrostro, a decir que no es necesaria una reforma fiscal, porque hay margen para recaudar.
Quien vea sólo el organigrama podría decir que el cobrador de impuestos no debería meterse en los asuntos de la Secretaría de Hacienda. Pero quien entienda, aunque sea un poco, quién es Raquel Buenrostro ante los ojos presidenciales, podría comprender lo poderoso de ese mensaje en sentido contrario.
La reforma fiscal que prometió el presidente, debería quedar aprobada justo después de las elecciones intermedias, para no causar molestias entre sus votantes, pero debería quedar lista antes de la aprobación del paquete económico del 2022.
Pero primero deberán ponerse de acuerdo dentro de la propia 4T para saber si van a querer o no van a querer una reforma fiscal.
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