Si los espacios donde se imparte justicia se encuentran en el abandono, el mensaje que se envía es devastador: que la dignidad también es opcional
Hay denuncias que incomodan porque exhiben una verdad que muchos prefieren ignorar: la justicia también se construye desde las condiciones materiales en las que se imparte. Y hoy, lo que ocurre en la Ciudad Judicial de Poza Rica no solo preocupa, sino que indigna.
Abogados litigantes han alzado la voz —y no es la primera vez— para denunciar un escenario que describen como insostenible: falta de agua potable, sanitarios inservibles, malos olores provenientes de una fosa séptica saturada y acumulación de basura. Hablamos de condiciones básicas de salubridad que cualquier espacio público debería garantizar, más aún uno donde se dirimen conflictos legales y se resguardan derechos.
Desde nuestros espacios al aire y también en estas letras, ya les hemos dado voz. Porque lo que denuncian no solo afecta a quienes ejercen el derecho, sino a toda persona que, en algún momento, necesita acudir a un juzgado: ciudadanos que buscan justicia, familias en procesos legales, víctimas que esperan respuestas.
Trabajadores y abogados han tenido que pagar de su propio bolsillo pipas de agua para que el edificio funcione mínimamente. Más grave aún, la inutilización de sanitarios ha llevado a situaciones francamente indignas, obligando a las personas a salir del recinto para cubrir necesidades básicas.
La protesta pacífica surge del hartazgo acumulado, de una problemática que —según refieren— no ha sido atendida de fondo. Y aquí es donde la discusión debe elevarse: es un asunto de derechos humanos. La insalubridad en espacios públicos vulnera la dignidad de quienes los usan y, en este caso, pone en entredicho la propia legitimidad del sistema judicial.
Porque la justicia no solo debe ser pronta y expedita; también debe ser digna.
La magistratura del estado no puede permanecer ajena. Atender estas condiciones no es un favor ni una concesión, es una obligación institucional. Ignorar el problema solo profundiza la brecha entre el discurso y la realidad.
Si los espacios donde se imparte justicia se encuentran en el abandono, el mensaje que se envía es devastador: que la dignidad también es opcional.
Y no debería serlo.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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