José Jerí: Entre la censura y la fragilidad institucional

José Jerí, quien llegó al poder hace apenas cuatro meses, enfrenta este martes su hora más oscura. Siete mociones de censura amenazan su mandato y, de prosperar, abrirán la puerta a la llegada de un octavo presidente. Una vez más, será el Parlamento Unicameral quien tenga la última palabra.

Esta vez el mecanismo no es la tradicional vacancia por “incapacidad moral permanente”, sino la censura. La figura se aplicaría por el cargo que Jerí ejercía previamente como presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Para que la destitución prospere se requiere mayoría simple: 66 votos. De aprobarse la censura, se convocaría de inmediato a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien automáticamente asumiría la Presidencia de la República.

De concretarse este escenario, Perú tendría así a su cuarto presidente en los últimos cinco años —período que dura un mandato presidencial— y al octavo en la última década.

Algunos analistas sostienen que Jerí intentaría maniobrar políticamente para que su eventual salida no se produzca por censura, sino mediante una vacancia presidencial, mecanismo que eleva el umbral de votos necesarios de 66 a 87. La diferencia no es menor: es la frontera entre una caída casi segura e inmediata y una supervivencia improbable.

Inestabilidad política crónica

Cuando faltan apenas ocho semanas para las elecciones generales del 12 de abril, Perú se encuentra una vez más al borde de una fractura política profunda, en un momento en que la economía parece nadar contra la corriente del desorden institucional. Esa fecha debería representar una oportunidad de renovación democrática y de reconfiguración del rumbo del país. Sin embargo, lejos de encaminarse hacia una transición ordenada, el sistema político vuelve a tensionarse al máximo.

La política peruana ha entrado en un auténtico círculo vicioso institucional. Desde el intento fallido de autogolpe de diciembre de 2022, pasando por la vacancia de Pedro Castillo y la posterior caída de Dina Boluarte en octubre de 2025, hasta la actual crisis que envuelve a Jerí, el Congreso ha actuado más como un árbitro imprevisible que como un socio de gobernabilidad. La Constitución, lejos de ofrecer estabilidad, se ha convertido en un campo de batalla donde figuras como la censura y la vacancia por “incapacidad moral permanente” son utilizadas de manera recurrente, e incluso superpuesta, evidenciando la fragilidad del diseño institucional.

No se trata de un episodio aislado ni de un accidente coyuntural. Perú ha tenido siete presidentes en menos de diez años y se encamina —una vez más— a una transición abrupta en plena campaña electoral. Esta rotación constante en la cúspide del poder no es solo un síntoma de debilidad política; revela un sistema que ha perdido su anclaje normativo y ha normalizado la destitución presidencial como mecanismo ordinario de resolución de conflictos. En Perú, la excepción se ha convertido en regla.

Las cuerdas separadas

Paradójicamente, la economía peruana ha resistido mejor de lo que muchos anticipaban frente a esta nueva ola de turbulencia institucional. A diferencia de episodios previos de crisis política, variables macroeconómicas clave —como el tipo de cambio, las reservas internacionales y los indicadores de estabilidad financiera— han mostrado relativa solidez en los últimos meses. Algunos analistas económicos incluso sostienen que la economía “sigue ignorando el riesgo electoral y la inestabilidad política”, respaldada por el impulso del boom de los minerales.

Este fenómeno —macroestabilidad en medio del caos político— no es producto del azar. Perú ha preservado una disciplina fiscal relativamente conservadora: la deuda pública se mantiene en niveles moderados en comparación con muchas economías emergentes y avanzadas, y el Banco Central de Reserva (BCRP), bajo la conducción de Julio Velarde, ha resguardado con celo la credibilidad de la política monetaria. A ello se suma el favorable contexto externo: los elevados precios internacionales del cobre y de otros minerales estratégicos han actuado como ancla externa del crecimiento.

Sin embargo, estos indicadores esconden vulnerabilidades profundas. El dinamismo agregado no se traduce en cohesión social:

• Informalidad laboral: Supera el 70%, limitando el acceso a protección social.

• Sistema previsional: Fragmentado e insuficiente.

• Brechas de capital: Deficiencias en infraestructura que restringen el crecimiento potencial.

Instituciones desprestigiadas y bajo asedio

El verdadero talón de Aquiles de Perú es la incapacidad crónica de su sistema político para generar consensos. El Congreso, actualmente unicameral y profundamente fragmentado, ha transformado mecanismos excepcionales en instrumentos recurrentes de confrontación.

El caso de José Jerí es ilustrativo. Su llegada tras la destitución de Dina Boluarte y la inmediata activación de mociones de censura revelan un entorno donde la disputa interna prima sobre la gobernabilidad. Cuando la remoción presidencial deja de ser una excepción extraordinaria para volverse una herramienta de negociación, el problema pasa a ser sistémico.

Masiva fragmentación electoral

Las elecciones de 2026 aparecen como un posible punto de inflexión, pero las señales sugieren una reproducción de la fragmentación. Hay un récord histórico de 36 candidatos presidenciales, casi el doble que en 2021.

En ningún escenario un candidato supera el 15%, y cerca del 30% del electorado permanece indeciso. Todo indica que habrá segunda vuelta el 7 de junio, pero el próximo presidente probablemente no contará con mayoría en el nuevo Congreso bicameral. El resultado previsible es un Ejecutivo débil desde el primer día.

Una encrucijada histórica

Perú se encuentra en un punto crítico. Por un lado, un informe de Goldman Sachs sitúa al país con mejores perspectivas de crecimiento para 2026; por otro, la inseguridad y la desconfianza institucional alcanzan mínimos históricos.

La mayor amenaza no es la próxima vacancia, sino la normalización de la fragilidad. Perú tiene el potencial para aspirar a más que la mera supervivencia, pero requiere un nuevo contrato social que convierta la resiliencia económica en estabilidad democrática. De lo contrario, la economía avanzará mientras la política retrocede.

Reflexión final: La pregunta hoy es cuánto tiempo puede el Perú seguir “jodiéndose” sin que su economía deje de ser suficiente para sostener una democracia cada vez más inestable. La resiliencia macroeconómica no es un cheque en blanco.