Por un lado están aquellos que piensan que la Fed ya se ha tardado en comenzar el proceso de normalización de la política monetaria dado el grado de avance en la recuperación y el obstinado avance de la inflación
Esta semana es clave para el rumbo de las políticas monetaria y fiscal, cuyo papel ha sido fundamental para la recuperación económica en Estados Unidos, y por su arrastre, también en nuestro país.
En el frente monetario, la Fed tendrá su antepenúltima reunión de política monetaria del año comenzando el día de hoy y concluyendo mañana miércoles. Aunque no se anticipa ningún cambio en la tasa de interés de referencia, el mercado está dividido en cuanto a que esperar sobre un posible anuncio del cronograma para comenzar a reducir el programa de inyecciones de liquidez, es decir, el tapering.
Por un lado están aquellos que piensan que la Fed ya se ha tardado en comenzar el proceso de normalización de la política monetaria dado el grado de avance en la recuperación y el obstinado avance de la inflación.
Aunque la debilidad de las cifras de empleo de agosto ha inclinado la balanza a favor de una Fed más paciente –que podría esperar hasta su reunión de noviembre para anunciar el inicio del tapering a partir de diciembre– el comportamiento de la inflación durante agosto siguió superando el pronóstico de la Fed cuya última actualización fue publicada en la reunión de política monetaria del 16 de junio.
Aunque en la opinión de este columnista la Fed debería de aprovechar la decisión de esta semana, que incluye la publicación de nuevos estimados macroeconómicos, para anunciar el comienzo del tapering a partir de diciembre, existe una creciente probabilidad de que los miembros del FOMC prefieran esperar a la reunión de noviembre para tener los datos de empleo e inflación de septiembre y octubre para poder tomar una decisión con mayor convicción.
En el frente fiscal, la discusión del paquete multianual de infraestructura por 3.5 billones de dólares propuesto por los demócratas entra en sus fases críticas de discusión con el fin del receso en la Cámara de Representantes (el Senado terminó su receso el lunes de la semana pasada).
Para facilitar la aprobación de este ambicioso plan de infraestructura, los demócratas lo han incluido dentro de un proceso presupuestal conocido como reconciliación, que requiere únicamente de mayoría simple en ambas cámaras para ser aprobado –evitando la super mayoría de 60 votos normalmente requerida en el Senado.
Los demócratas cuentan con los votos suficientes en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en el Senado la situación es más complicada ya que necesitan los 50 votos de su bancada completa y de ahí el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en su calidad de presidenta del Senado.
Para mala fortuna de los demócratas, la semana pasada dos de sus senadores, Joe Manchin III de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, mostraron ciertas reservas sobre el tamaño del plan, manifestando que favorecerían un plan más pequeño de hasta 1.5 billones de dólares.
La principal preocupación de este par de senadores es que la propuesta de 3.5 billones de dólares incluye iniciativas para incrementar los impuestos en aproximadamente 2 billones de dólares.
Tanto Manchin como Sinema son senadores demócratas de estados conservadores donde suele dominar el partido republicano. Ambos senadores se sienten mucho más cómodos con un paquete menos ambicioso en el lado del gasto y una menor necesidad de elevar los impuestos, similar al que un grupo de trabajo bipartidista propuso en agosto pasado.
Aunque el objetivo de los demócratas es llevar la iniciativa a votación para el 27 de septiembre, hay otros factores que podrían contaminar la discusión como la fecha límite del 30 de septiembre para elevar el techo de endeudamiento del gobierno federal.
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