¿Invisibles en Aduanas?

Hace cuatro meses llegó el nuevo equipo que se encargaría de combatir la evasión fiscal en la cuarta transformación. Margarita Ríos-Farjat quedó como jefa del SAT, con el respaldo del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Al frente de la Auditoría Fiscal Federal quedó la exsenadora tabasqueña Rosalinda López Hernández, quien prefirió optar por el cargo de administradora general que fungir como primera dama de Chiapas (está casada con el gobernador Rutilio Escandón).

Héctor Vázquez Luna quedó como administrador general de Recaudación y Antonio Martínez como administrador general de Grandes Contribuyentes, mientras que Ricardo Peralta Saucedo, por recomendación de la secretaria de Gobernación, como administrador general de Aduanas

La descoordinación, en este periodo, se ha ahondado por el protagonismo de Peralta Saucedo, y las fallas de sus colaboradores, entre quienes estaba el exfiscal coahuilense, Jesús Torres Charles, cuya estancia al frente de la Administración Central de Investigación Aduanera se vio truncada. En las benditas redes sociales fueron exhibidos sus excesos y el 15 de febrero —apenas dos meses después de su nombramiento—, Ríos-Farjat ordenó su desvinculación de cualquier función en la AGA: “La reputación del SAT es su activo más importante y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional”.

El cese del excolaborador de Humberto Moreira ocurrió con un mes de retraso. El 16 de enero, la jefa del SAT acordó con el titular de la SHCP su separación del cargo, pero Peralta Saucedo hizo caso omiso de esa instrucción. El abogado —exaspirante a fiscal anticorrupción— trabajaba a marchas forzadas en la presentación del proyecto de transformación de las aduanas, que presentó el pasado 20 de marzo en Manzanillo, Colima, donde se implementó el programa piloto.

El futuro de las aduanas es un asunto transversal. En paralelo a la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, representantes de la Iniciativa Privada y del gobierno mexicano —a petición de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)— instalaron una mesa de trabajo para discutir sobre su “modernización y competitividad”, que planteaba, a mediano plazo, la implementación del modelo de “aduanas invisibles” y de una versión 2.0 de la ventanilla única, un cambio de paradigma que cambiaría el rol de las aduanas en México para convertirlas en el último punto de inspección y revisión en materia de seguridad y contrabando.

En curso estaba el Proyecto de Integración Tecnológica y Aduanera (PITA) que implicaba el reemplazo de las casetas por arcos con lectores en los puntos donde aún interviene el factor humano, que quedó descartado por la nueva administración.

Además de sus funciones sustantivas, Peralta Saucedo quedó a cargo de las tareas de Auditoría General de Comercio Exterior, con sede en Tijuana. Las aduanas de esa ciudad y de Mexicali, además de Manzanillo, fueron las primeras en ser colonizadas por el nuevo equipo, y enseguida la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Tras del cese de Torres Charles, el titular de la AGA retomó su plan estratégico, apoyado por Arnoldo Martínez Rentería, administrador central de Operación Aduanera. Los escándalos en esa estratégica oficina —que en la anterior gestión tuvo al maestro Guillermo Peredo Rivera como su titular— podrían ser menos ruidosos que las polémicas en ciernes. Y es que el nuevo administrador, Arnoldo Martínez, terminó recientemente un recorrido de supervisión… que completó en un jet privado.

EFECTOS SECUNDARIOS

AFECTACIONES. Entre los asuntos que deben ser resueltos, en materia aduanera, destacan la cancelación de los trámites para autorizar a los almacenes generales de depósito —espacios autorizados y regulados por el SAT y la CNBV que funcionan como extensiones aduanales y son posteriores al despacho de mercancías—, que desde mediados de diciembre del 2018 quedaron sujetos a la aprobación directa del administrador General de Aduanas.

¿REBASADO? Miles de burócratas han quedado sin seguros de gastos médicos mayores y tendrán que acudir al ISSSTE, donde los turnos de atención se han vuelto más lentos y la escasez de medicamentos es crónica, según reportan pacientes de la institución. En el hospital Darío Fernández, por ejemplo, los enfermos en tratamiento oncológico no han podido continuar con su terapia por la falta de Letrozol. Y respecto a los gastos médicos, hay funcionarios que están dispuestos a pagar de sus bolsillos sus pólizas, pero resulta que no pueden, porque organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un acto de presunta discriminación a directores de área, subdirectores de área y jefes de departamento, los excluyó de la posibilidad de acceder al privilegio de conversión (la posibilidad de que las aseguradoras les respeten antigüedad y padecimientos ya existentes) y sólo les brindó información en tiempo y forma a directores generales, directores generales adjuntos, visitadores generales y de esos rangos hacia arriba, para que ellos sí pudieran acceder al privilegio de conversión, por cierto, los mismos que buscaron ampararse para seguir ganando altos salarios que además duplicaron en el 2015.