Este mediodía, el Congreso local conocerá el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y entonces se abrirá un periodo de 72 horas para que el pleno defina sobre el interinato. Morena y el PRI habrían pactado la unción de Guillermo Pacheco Pulido, exalcalde de la Angelópolis, exlíder del PRI local y extitular del Poder Judicial en la entidad. Y simultáneamente, el morenovallismo hace implosión.Inédita, la selección del gobernador interino de Puebla pasa por el examen de 56 aspirantes: 33 de ellos autopropuestos al cargo; 17 con respaldos de ONG y otras instancias representativas, y seis más “indefinidos”, es decir que han sido mencionados en medios informativos locales.
Tras el deceso de la gobernadora Alonso Hidalgo y su esposo, los líderes parlamentarios acordaron concluir con la aprobación del paquete fiscal y cerrar el periodo ordinario de sesiones mientras ocurrían los avisos legales sobre la ausencia definitiva del Ejecutivo electo, el pasado 1 de julio. El encargado del despacho giró oficio al Senado de la República y conforme a la Constitución local, el Congreso debe nombrar “de inmediato” al gobernador interino en los términos de la fracción XVIII del artículo 57.
Las primeras dos semanas del 2019 fueron de receso. Y apenas si reanudó el segundo periodo ordinario de sesiones, el pasado martes 15, el PRI fijó postura a través de su coordinadora parlamentaria, Rocío García Olmedo: antes de elegir al nuevo gobernador, debía reformarse el texto constitucional y requerir el voto de las dos terceras partes del pleno para tomar la decisión.
Y la Constitución de Puebla faculta al Congreso a elegir al gobernador sustituto, en caso de la falta absoluta del Ejecutivo, cuando ésta acaeciere en los dos primeros años del periodo constitucional, además de convocar a elecciones.
Según la lideresa tricolor, redefinir el método de elección evitaría la incertidumbre o algún tipo de crisis política o social. “La elección debería darse mediante el diálogo, el acuerdo consensuado y, en el mejor de los casos, generando la unanimidad para poder transitar adecuadamente”, pugnó.
Pero el tiempo apremia. Una vez designado —término utilizado en el texto constitucional— el gobernador interino, la legislatura deberá convocar a la elección del mandatario que concluirá el sexenio dentro de los 10 días siguientes. Y entre esa fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco.
Tanto en el INE como en la Secretaría de Gobernación existe la convicción de que la elección extraordinaria en Puebla será concurrente con los comicios programados para el próximo 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
En la etapa previa, el presidente de la mesa directiva, Juan José Espinosa (PT), asumió una postura protagónica, que puso en riesgo la construcción de un consenso de por sí engorroso dada la polarización entre las fuerzas políticas, a la que se adhirió la academia y las ONG representadas por la organización Sumemos Puebla, que demandó la designación de un interino sin ligas partidistas.
En las primeras negociaciones, el PAN no logró conciliar a los grupos internos (una facción apoyaba al creelista Humberto Aguilar Coronado, mientras que los morenovallistas preferían a Jesús Rodríguez Almeida) aunque la mayoría morenista tampoco definía entre sus prospectos, Gabriel Biestro y Héctor Jiménez y Meneses, exlíder del Congreso y exsecretario de Gobierno durante la gubernatura de Melquiades Morales, quien actualmente es diputado federal.
En el Congreso poblano surgieron los primeros prospectos para el interinato. El morenista Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el coordinador de la bancada panista, Marcelo García Almaguer, pronto tuvieron que renunciar a sus aspiraciones. En rebeldía —con el apoyo de un sector del morenovallismo y de Elba Esther Gordillo— quedó el neoaliancista Gerardo Islas, quien de plano dejó su curul para cumplir con los requisitos de elegibilidad.
En la última semana del 2018, un bloque identificado con el PAN encargó un estudio jurídico para precisar si Antonio Gali Fayad —quien entregó la gubernatura el pasado 10 de diciembre— podía volver al cargo, bajo la premisa de que el Artículo 72 de la Constitución local atenta contra sus derechos políticos. Cuando ese escenario quedó superado, el siguiente examen versó sobre la figura del secretario de Gobierno, encargado del despacho por ministerio de ley.
Y es que las prohibiciones del Artículo 73 no son aplicables a Rodríguez Almeida, pero sí las del Artículo 74 (sobre los requisitos de elegibilidad). Nacido en la Ciudad de México, doctor en Derecho y con una sólida formación policial, fue procurador de Justicia en el DF, antes de ser secretario de Gobierno.
La Constitución establece que el gobernador de Puebla debe ser ciudadano del estado, en pleno goce de sus derechos políticos. Y para demostrar que no acredita la residencia efectiva, sus detractores documentaron que el exalcalde Luis Banck lo ayudó para adquirir un automóvil y obtener su credencial de elector.
Rodríguez Almeida contaría con la operación política del exgobernador Gali Fayad y los votos de un bloque legislativo que involucraría a diputados del PAN, PRD, MC y PRI, además del líder de la mesa directiva, Juan José Espinosa, y de Nora Escamilla, del PES.
Cuando esa versión se esparcía en los medios locales, a la Oficialía de Partes del Palacio Legislativo llegó una carta firmada por Guillermo Pacheco Pulido en la que formalizó su inscripción al proceso de selección. El documento fue acompañado por la carta de ciudadanía poblana y una copia de la credencial de elector “para los efectos legales correspondientes”.
Al finalizar la semana, habían llegado 56 solicitudes de intención. Ninguna de algún morenovallista. Tampoco nadie avalado por el CEN del PAN.
