Elecciones 2024
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Tras dilapidar el bono democrático obtenido en las urnas y recelosos de una oposición a la que preferirían exterminada, los capitanes de la Cuarta Transformación han superado la primera etapa. Derruidos los cimientos de la corrupción, canceladas las obras emblemáticas del Pacto por México, deben enfilar ahora a edificar el nuevo edificio legal y normativo que perpetúe la obra transformadora de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de dos meses, el Ejecutivo federal deberá rendir cuentas. Para entonces, sus aliados en el Congreso de la Unión tendrán que haber cumplido con su parte y sacado adelante las reformas que den viabilidad al proyecto sexenal.

¿Y también habrán corregido errores y omisiones? En vez de privilegiar la construcción de consensos, los funcionarios y legisladores lopezobradoristas han optado por el avasallamiento. “Dejen atrás cualquier tema que polarice. Vamos a instaurar el marco jurídico que permita sacar adelante las reformas de la Cuarta Transformación”, urgió el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, a los líderes de las bancadas de Morena en los congresos locales, a mediados del mes que terminó.

Ya había concluido la jornada electoral que llevó a las urnas a ciudadanos de seis entidades federativas. Y había pasado un mes de los ajustes en el Palacio de Covián, que derivó en la chiapanización del IMSS luego del traspaso de Zoé Robledo. La secretaria Olga Sánchez Cordero ajustó su equipo y sumó incondicionales.

El enlace con diputados federales y senadores ha quedado a cargo de Julio Scherer, Mario Delgado y Ricardo Monreal, en los temas relativos a gobernabilidad, mientras que lo relativo a los presupuestos es competencia única y exclusiva de Hacienda. Con los congresos locales, Gobernación lleva mano. Aunque de unas semanas a la fecha, ha optado por negociar con los gobernadores directamente.

A finales del año, Morena habrá perdido el control de la mayoría de los congresos locales. En unos casos, a golpe de votos, como ocurrió recientemente en Tamaulipas. En otros, como en Hidalgo, con la aplicación de mecanismos más sutiles.

Gracias al efecto AMLO, Morena y sus aliados lograron colocar 17 de los 25 diputados hidalguenses en los comicios del 1 de julio del 2018. En el último periodo ordinario de ese año, la mayoría saliente, encabezada por el PRI, reformó la Ley Orgánica del Congreso para establecer candados que garantizaran un “equilibrio de poderes”.

La hegemonía obradorista aplicó exitosamente un nuevo modelo en el Congreso del Estado de México y quiso exportarlo a otras entidades. En Hidalgo incluso sumaron a la minoría panista pero encontraron la resistencia de la facción priista, encabezada por el diputado Julio Valera, y la infranqueable postura del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.

El combate al huachicol y, sobre todo, el manejo de la crisis en Tlahuelilpan definieron la relación entre la Federación y el gobierno de Hidalgo. En medio quedó Ricardo Baptista, líder de la mayoría morenista, quien ha acatado a pie juntillas la línea política marcada por Yeidckol Polevnsky.

La línea de confrontación se impuso, ante las posturas irreconciliables entre ambas partes, lo que paulatinamente se ha traducido en la parálisis de Congreso hidalguense, que justo dentro de un mes deberá cerrar su periodo de sesiones ordinarias. La elección del presidente de la mesa directiva –allá se elige cada mes – fue el primer atorón, hace dos semanas.

Baptista tuvo que recurrir al Palacio de Covián para destrabar las negociaciones. Y obtuvo una cita, para el pasado miércoles 26 de junio. Temprano se reuniría con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y por la noche, con el subsecretario de Gobierno, Peralta Saucedo, quien previamente recibió a su homólogo hidalguense y al legislador morenista, Víctor Guerrero.

Enterado de tal encuentro, el líder parlamentario expresó su reclamo al funcionario federal. “Sabemos que te trajeron a Vargas. Espero que no nos traicionen”, recriminó. Hasta no aclarar el malentendido, suspendió contactos con Segob y mantendrá una peculiar huelga parlamentaria, que tiene en vilo la nueva Ley Orgánica del Congreso, y las reformas constitucionales para incorporar la consulta popular a las comunidades indígenas y nuevas reglas para la competencia partidista.

Al periodo legislativo le quedan sólo ocho sesiones de trabajo. La ruptura de la mayoría legislativa con el gobernador Omar Fayad se ha ahondado y si no hay arreglo, el proyecto obradorista perdería otro voto en el constituyente federal. Hidalgo pasaría a la oprobiosa lista de entidades con bancadas morenistas cooptadas por la oposición, como ya ocurrió en Baja California Sur, Sonora y San Luis Potosí.

EFECTOS SECUNDARIOS

DESENCADENADOS. Parecía un despropósito. Y lo era: el gobierno de la República quiso enlazar a las estaciones de radio y televisión durante ocho horas, para transmitir los festejos del primer año del triunfo de AMLO en las urnas. Pero ni el “festival cultural” ni el “informe de actividades” pueden ser considerados eventos oficiales. El viernes 28, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía había requerido transmitir la señal de cadena nacional para este lunes 1. Menos de 24 horas pasaron para que llegara el desistimiento del carácter obligatorio del festejo de la huestes morenistas. Y el Informe de Actividades quedará al arbitrio de los concesionarios de los medios electrónicos, a partir de las 5 de la tarde, por DDIM a través de la frecuencia de CEPROPIE y por streaming.

DECEPCIONES. La megacompra consolidada de bienes terapéuticos produjo ahorros por 1,000 millones de pesos, presumió el gobierno federal. La subasta  se efectuó a través de Compranet el jueves 27 y duró casi seis horas. Se subastaron 68 medicamentos entre 35 oferentes. Cada partida empleó entre cinco y siete minutos. “Que gane el mejor, de manera transparente”, instruyó la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, a los más de 150 funcionarios que intervinieron en el proceso. La subasta virtual se desarrolló bajo la modalidad inglesa, de ofertas subsecuentes de descuentos, y casi 70% de los concursantes hizo ofertas por debajo del precio máximo de referencia. Para prevenir el desabasto, la Secretaría de Salud subastó 18 multilotes para tres periodos, lo que dará tiempo suficiente a los fabricantes para surtir los pedidos.