El Inegi estima en aproximadamente 7,200 millones de pesos el costo de los sobornos que pagan los hogares en actividades relacionadas a trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, lo que representa 2,200 pesos por persona afectada
De la tolerancia cero, al mutismo: la Cuarta Transformación investiga, pero aun no castiga a los corruptos. Ni a los suyos, ni a los del pasado.
El affaire Bartlett erosiona el discurso anticorrupción del gobierno izquierdista, por la falta de sanción. Y sobre todo, por la displicente (¿o negligente?) definición de concubinato acuñada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a propósito de la denuncia periodística que motivó la indagatoria contra el director general de la Comisión Federal de Electricidad. La 4T tiene otros datos. Y un diccionario válido solo para ellos. Los Puros.
La magnitud del problema requiere otras actitudes. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción del 2018, elaborado por Transparencia Internacional, México es el cuarto país más corrupto en América Latina, sólo después de Venezuela, Nicaragua y Guatemala, en orden decreciente. Y según los Worldwide Governance Indicators de ese mismo año, México ocupó el penúltimo lugar en el índice de control de corrupción del Banco Mundial.
El Inegi estima en aproximadamente 7,200 millones de pesos el costo de los sobornos que pagan los hogares en actividades relacionadas a trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, lo que representa 2,200 pesos por persona afectada.
Muchos de los altos funcionarios de la 4T podrían considerarse como personas con un alto nivel adquisitivo. Allí están Olga Sánchez Cordero, Miguel Torruco, Javier Jiménez Espriú, Alfonso Romo, Julio Scherer o Rogelio Jiménez Pons, por citar a los más exitosos en el desempeño de sus actividades privadas.
El origen de sus fortunas ni siquiera está bajo escrutinio. Tampoco es que estén bajo investigación. El affaire Bartlett Díaz, por el contrario, expone el principal dilema de la Cuarta Transformación: sus funcionarios pueden tener intereses particulares en conflicto con el interés público y la sociedad no tiene la capacidad de observar perfectamente las acciones (y mucho menos las intenciones) de los funcionarios. Esa combinación de factores da lugar a un problema de agencia: una situación en que un principal (en este caso, la ciudadanía) contrata a un agente (el funcionario) para que desempeñe una labor (administrar el bien común), pero tiene dificultades para garantizar que este actúe de la manera deseada.
El riesgo de que las atribuciones de la función pública se usen para conseguir ganancias particulares, es decir, el riesgo de corrupción está latente. Como un bumerán, la indagatoria de la Función Pública sobre el director general de la CFE galvanizó las quejas por la laxitud de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción y desató un aluvión denostador sobre Sandoval, viralizado en las redes sociales. De acuerdo con Roy Campos, presidente ejecutivo de Consulta Mitofsky, esa noticia fue más importante, para la opinión pública que el incremento al salario mínimo.
Ayer, en la mañanera, el Ejecutivo federal defendió a sus colaboradores, rechazó la validez de las críticas y para referirse a dos exsecretarios de Estado —Virgilio Andrade, titular la SFP en el sexenio peñista, y Javier Lozano, secretario del Trabajo en el calderonismo—, prefirió no mencionar sus nombres.
Si AMLO ni ve ni oye a sus opositores, los integrantes de su equipo de trabajo optaron por la insolencia para responder a sus críticos. Jesús Seade y Rocío Nahle son los ejemplos recientes de una actitud extendida a todos niveles, en la Cuarta Transformación. La intolerancia.
Efectos secundarios
AVANZADOS. Con tres asambleas celebradas antier, Fuerza Social por México alcanzó el umbral requerido por el INE, de 20 reuniones estatales de afiliados. En Coahuila, Quintana Roo —la cuna del APN auspiciada por el dirigente sindical, Pedro Haces– y Jalisco ocurrieron las últimas del 2019 y en la entidad occidental, los simpatizantes del movimiento que impulsa Pedro Haces lograron el récord de afiliaciones, con 4,939 registros.
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