En su calidad de presidenta de la Junta de Gobierno de Inmujeres, Sánchez Cordero ha convocado a los 32 integrantes de esa instancia a una sesión extraordinaria, el próximo lunes 18
Con la voluntad de transparentar la toma de decisiones y avaladas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las integrantes de los consejos Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres sumaron esfuerzos y convocaron a una pasarela de aspirantes a presidir ese organismo descentralizado de la administración pública federal.
En su calidad de presidenta de la Junta de Gobierno de Inmujeres, Sánchez Cordero ha convocado a los 32 integrantes de esa instancia a una sesión extraordinaria, el próximo lunes 18. Entonces deberá someter a votación la terna que enviará al Ejecutivo federal, con lo que quedaría cubierta la vacante en la cúpula del instituto tras de 11 meses.
El proceso de preselección conducido por Aimée Vega Montiel y Milagros Herrero, sin embargo, afronta cuestionamientos por su falta de certeza jurídica y transparencia de criterios. De acuerdo con lo difundido 30 candidatas remitieron sus documentos; de éstas, 23 pasaron la fase de “verificación”, que incluyó la revisión de su propuesta de plan de trabajo.
Al final, siete de las aspirantes comparecieron en entrevistas, que se realizaron a finales de la semana pasada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, bajo la etiqueta #PresidentaInmujeresYa; entre ellas la exdiputada federal Candelaria Ochoa y la representante de ONU Mujeres en Brasil, Nadine Gassman, quienes formaban parte de la terna que la secretaria de Gobernación quiso someter a la consideración de la Junta de Gobierno de Inmujeres, hace dos meses.
Las 16 representantes de los órganos auxiliares se abstuvieron de votar esa terna, que completaba la exdiputada michoacana Fabiola Alanís. En vez de eso, tras de su pasarela, elaboraron un ranking políticamente correcto: Ochoa obtuvo la puntuación más alta (20), seguida por la abogada Patricia Olamendi y la economista Magdalena García Hernández, quienes obtuvieron el mismo número de votos.
La secretaria de Mujeres de Morena, Carol Arriaga, superó a Nadine Gassman, pero quedó en cuarta posición. Al fondo quedaron la activista oaxaqueña Anabel López Sánchez (cuatro votos) y la expresidenta del Copred, Jacqueline L’Host.
“Se trató de un proceso democrático interno, dirigido a presentar perfiles ante la Junta de Gobierno, en una fase previa al proceso deliberativo final”, explicaron las evaluadoras, tras de divulgar el ranking, aunque omitieron revelar los puntajes asignados a sus siete finalistas. “Confiamos en que la Junta de Gobierno del Inmujeres tomará en consideración esta aportación”.
Las “propuestas” seleccionadas la semana pasada —según lo acordado con la secretaria Olga Sánchez Cordero— serían validadas por la Junta de Gobierno y enviadas al Ejecutivo federal. De acuerdo con la legislación vigente, la terna debe ser aprobada por consenso de los integrantes de la Junta de Gobierno, o en su defecto, deberá concitar el respaldo de al menos tres quintas partes de los presentes en la sesión. La lista deberá enviarse al Ejecutivo federal, quien seleccionará a la nueva presidenta del Inmujeres.
Por cumplir con sus obligaciones legales, Marcela Eternod ha sido acusada de alta traición por las integrantes de los consejos Consultivo y Social del Inmujeres que el pasado 29 de enero expidieron la convocatoria para entrevistar a las aspirantes a presidir ese organismo. La investigación que de oficio abrió la Secretaría de la Función Pública les ofende, mas no la probable usurpación de funciones tras de esa peculiar pasarela, ni de la añagaza a una treintena de candidatas que respondieron al llamado de Aimée Vega Montiel y Milagros Herrero, entre ellas la secretaria de mujeres de Morena, quien públicamente las emplazó a clarificar los criterios de evaluación.
Entre las confusiones de ese galimatías, está que este instituto está adscrito a la Secretaría de Gobernación; en realidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
EFECTOS SECUNDARIOS
SEGUIMIENTO. Se acerca el momento para que la fusión entre 21st Century Fox y Walt Disney Company se concrete por el regulador de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El proceso de autorización se ha llevado con tal discreción —por no decir secrecía y falta de transparencia— por parte del IFT, que ni para el propio presidente de México es claro lo que está en juego. Sin embargo, sí parece estar enterado del supuesto conflicto de interés que encabeza la jefa de la Unidad de Competencia Económica de este regulador, Georgina Santiago, quien —dicen los que tienen información sobre el tema— ya tenía apalancada la aprobación de la megafusión, como favor a dos de sus excolaboradores, uno de la extinta Cofeco, el expresidente de este órgano, Eduardo Pérez Motta, y el excomisionado del IFT Ernesto Estrada, quienes hoy son los representantes legales de Disney-Fox y con quienes la jefa de unidad estaría en deuda. Por cierto, que el regulador de telecomunicaciones publicó una réplica en días pasados que sólo sirvió para confirmar que Georgina Santiago, la responsable de la Unidad de Competencia Económica del IFT, es la encargada del proyecto de resolución sobre la fusión Disney-Fox y que la jefa de esta unidad sí tuvo relaciones previas con los actuales representantes de las compañías. Al interior del IFT ya se maquina una respuesta para, según ellos, dar fin a este escándalo, aunque el reto para el regulador es grande, si es que quiere probar a las autoridades federales y al Poder Legislativo que la fusión no tendrá vicios en su integración de expediente y riesgos para las audiencias y operadores.
EMPLAZAMIENTO. Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y personas defensoras de derechos humanos llamaron al Senado de la República a rechazar la terna propuesta por Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos, porque no garantiza la independencia judicial dada la cercanía de las tres candidatas con el Ejecutivo federal, con integrantes de su gobierno y su partido, lo que representa un elevado riesgo de conflictos de interés al momento de impartir justicia.
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