¿Ingobernabilidad en Zacatecas?

Es la planta cervecera más grande del mundo. Hasta el mes pasado —por las vacaciones de verano— por sus puertas cruzaban diariamente 200 camiones de doble caja con su preciada mercancía; una tercera parte, con productos para exportación. Ubicado a 20 minutos de la capital zacatecana, este complejo industrial de Grupo Modelo alberga a más de 3,000 obreros.

La meta de producir 25 millones de hectolitros este 2019 no podrá alcanzarse, sin embargo. Y es que desde hace 48 horas —al cierre de este espacio—, una docena de personas permanecen en el acceso a la planta, ubicada en el municipio de Calera, sin permitir la entrada o la salida de vehículos pesados. Para iniciar esta inusual huelga respaldada por el senador morenista José Narro Céspedes, integrantes del movimiento atravesaron seis vehículos en la entrada principal, para bloquearla, en una acción que no fue impedida por la fuerza pública.

José Noel Martínez, operador de envasado, está al frente de un grupo de extrabajadores que demandan su reinstalación y se ha autodesignado como secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Compañía Cervecera de Zacatecas, que demanda la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que actualmente ostenta la Federación de Trabajadores de Zacatecas, adscrita a la CTM.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se desahoga la demanda de recuento promovida por Martínez, pero sin esperar una resolución en firme, los inconformes decidieron clausurar la planta para protestar por el cese de sus compañeros. Fuentes de la empresa señalan que fueron despedidos por mal desempeño y que aceptaron el finiquito de ley, sin mayor conflicto.

A la empresa, cada día sin operaciones le produce pérdidas por 6 millones. Los parados han anunciado que mantendrán el bloqueo hasta la próxima audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, programada hasta el próximo miércoles 25. Ahí se hará el desahogo de pruebas y —entre otras cosas— la revisión del padrón de miembros del sindicato.

El respaldo del legislador zacatecano y exdirigente estatal del PT al sindicato independiente de Grupo Modelo es público y notorio. Hace dos meses, José Noel Martínez encabezó una marcha y bloqueó durante una hora la sede central de la Secretaría del Trabajo, en la CDMX, para denunciar “hostigamiento” y exigir el pago de indemnizaciones justas para sus agremiados.

¿Y el gobierno? Ante las omisiones de las autoridades estatales, los inversionistas acudieron a instancias federales para exigir la vigencia del Estado de Derecho, ante un bloqueo que tacharon de ilegal, y señalar al legislador morenista como el verdadero instigador de la revuelta.

Esas exigencias coincidieron con la estancia del gobernador Alejandro Tello Cristerna ayer en el Palacio de Cobián, citado por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario del ramo, Ricardo Peralta Saucedo.

El mandatario priista no llegó con las manos vacías a la cita. Además del cierre de la planta cervecera en La Calera, llevaba información sobre la injerencia de Narro Céspedes en el bloqueo a las instalaciones de la mina Peñasquito de GoldCorp.

En la “mesa de negociación” había tres temas: el cierre de la Mina Peñasquito, los conflictos sociales derivados del proyecto de la presa Milpillas, y la huelga en la cervecera de Calera. Y entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las quejas reiteradas sobre el papel de Narro Céspedes como dirigente asesor de los huelguistas de Calera y también a Felipe Pinedo Hernández, quien además también es líder local del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quien movilizó a los integrantes de la empresa transportista Cava para reanudar el bloqueo a los 20 accesos existentes en el área perimetral de Peñasquito.

En agosto pasado, en el marco del 140 natalicio de Emiliano Zapata, respaldó a las agrupaciones campesinas que bloquearon carreteras y vialidades para demandar mayores recursos al campo.

El cierre de Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, es la crónica de una disputa entre morenistas. El pasado lunes 16, la empresa Newmont GoldCorp informó que suspendía los pagos a trabajadores y proveedores, ante el bloqueo a las instalaciones de la mina realizados por los ejidatarios del poblado de Cedros y de la empresa transportista Cava.

Los primeros señalan que la mina, a cielo abierto y productora de oro, agota los mantos acuíferos, mientras que Cava está inconforme por la posibilidad de que la mina establezca contratos individuales de transporte. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, encabezada por Narro Céspedes, movilizó a ejidatarios de Cedros y a empleados de Cava para bloquear la mina, lo cual a juicio de los trabajadores mineros forma parte de su estrategia para ser candidato a gobernador de Zacatecas en el 2021.

Narro ha manifestado públicamente que él es el candidato ideal, porque “los Monreal no podrán ganar solos”. El paro de la mina lo enfrenta directamente con el líder minero Gómez Urrutia, quien señala que a toda costa defenderá 2,000 trabajos sindicalizados de Peñasquito, además de que se afectan a otros 4,500 empleados de confianza y 20,000 empleos indirectos en la región.

EFECTOS SECUNDARIOS

FALLIDOS. Los efectos de la sequía que golpeó al país son ampliamente notorios en toda la geografía nacional. El cambio climático, dirán algunos; otros sostienen que es la errónea política pública. El caso es que la escasez de agua se agudiza, mientras que el otorgamiento de concesiones para el uso, extracción y aprovechamiento del agua se extiende, lo mismo que la existencia de tomas clandestinas, las descargas de aguas residuales y el desarrollo de obras hídricas polémicas. Dentro de 10 días, un estudio realizado por Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños y Cuauhtémoc Osorno para Ethos Laboratorio de Políticas Públicas revelará el modus operandi de la corrupción en la gestión del agua y sus efectos perniciosos, pues propicia la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua, lo que daña los ecosistemas y a la población, porque evitan que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y sobre todo el acceso al agua potable y saneamiento.