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LIC. EDNA ELENA VEGA RANGEL,
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO:

+Arbitrariedad: improcedencia,
injusticia, atropello, despotismo.
Diccionario de la Real Academia

En la mañanera del lunes, amplia fue la información sobre las acciones que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está llevando a cabo para incrementar la oferta de vivienda para personas de escasos recursos, lo mismo que para mejora en las casas. Hasta ahí todo va muy bien, porque entre otras cosas, la industria de la construcción es un detonador de la actividad económica.

No acaba de convencerme la idea de que el INFONAVIT, además de ser un fondo de ahorro, pase ahora a convertirse en constructor. El gobierno -del partido que sea- es un empresario muy deficiente por el simple hecho de que su normatividad le hace más lento y las decisiones políticas operan sobre la lógica de la eficiencia en el gasto.

Y no me diga que es para acabar con la corrupción; ese pretexto está muy gastado y, además, no es la solución. Ya ve lo que ha pasado con la compra de medicamentos. La corrupción se acaba cuando se abate la impunidad. Pero no condenemos el esfuerzo de la constructora del INFONAVIT hasta no ver sus primeros resultados.

También resultó interesante lo expuesto por el director General del Instituto, Ing. Octavio Romero Oropeza, respecto de los créditos impagables que tiene en cartera vencida debido a que se vieron afectados por la imposición de un interés vinculado a la inflación a lo largo de la vida del préstamo. No soy financiero para dilucidar si dicha medida era correcta o justa, pero si el INFONAVIT tiene cuatro millones de créditos impagables, algo tiene que hacer al respecto. Y bueno, procederán a congelarlos para que los deudores los paguen con una quita sustancial. Como diría mi abuela, de lo perdido, lo que aparezca.

Lo que sí es un despropósito es el programa comentado por el regularizar las viviendas invadidas. Según las propias palabras de Oropeza, “la idea es que ya no haya desalojos, antes era lo que se acostumbraba; lo prohibió el licenciado López Obrador en su administración”. ¿Cómo de parte de quién el entonces presidente decidió el destino de propiedades de particulares que estaban siendo usurpadas? No estaba facultado por ninguna norma, ley o decreto, pero ya sabemos cómo se las gastaba don Andrés.

Al parecer, lo que le molesta a la 4T -en esta visión populista del mundo- es que los propietarios recurrieran a “despachos de abogados y ‘para afuera’ (los invasores). Y luego, vendían las casas a particulares que les daban una chainadita, una pintadita, les ponían la puerta, la ventana, y las vendían carísimas”, según se quejó don Octavio. Hasta hoy, en este país, un propietario puede vender su casa al precio que mejor le convenga y será el mercado el que determine si es excesivo o no.

Estos son los “argumentos” del director del INFONAVIT para evitar sacar a un invasor de un vivienda. Y no nos hagamos guajes, doña Edna, los también llamados paracaidistas no actúan por cuenta propia, lo hacen al amparo de organizaciones dizque sindicales y dizque sociales, que venden la protección.

No vayamos lejos, en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez ha emprendido el programa “Operación Restitución” para desalojar a los invasores de vivienda; a la fecha tiene detectados al menos 14 agrupaciones de corte mafioso, las más famosas “Los 300” y la UPREZ. Estos grupos también están relacionados con robo, extorsión y huachicol; en Ecatepec, por ejemplo, hasta roban el agua de la red hidráulica para luego venderal en pipas.

Pero volvamos a lo que el ingeniero Oropeza explicó en la mañanera: “Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace?, pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda.” ¡Vaya ingenuidad! ¿Usted cree, señora secretaria, que a un paracaidista le importa la legalidad del lugar donde vive? Para nada, lo que le importa es el usufructo y, mientras no lo saquen del lugar, seguirá feliz

Con otra, doña Edna: el programa maravilla de Oropeza está subordinando los derechos del legítimo propietario a la voluntad arbitraria del invasor, porque puede ocurrir que el dueño no quiera venderle al invasor, sino desee que su propiedad le sea restituida. Tal vez don Octavio lo ignore, pero el propietario es el que ha pagado por el inmueble, digo.

Me hago cargo de la escasez de vivienda de interés social y por ello aplaudo -hasta ahora- el programa de Vivienda del Bienestar. Pero lo que propone Octavio Oropeza es legalizar lo ilegal.

No me extraña de Oropeza después de ver su paso por PEMEX, no cabía esperar otra cosa de él, pero alguien tiene que detener esta arbitrariedad populista en torno a la vivienda de interés social.

Con la colaboración de Upa Ruiz
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