¿Infiltrados en la PFP?

A la mesa de diálogo propuesta por el gobierno de la República acudieron mandos policiacos con asesores. Uno, en materia laboral, es el abogado Iván Chávez Espejel, presidente de la agrupación Ciudadanos Uniformados. El otro, también abogado, es el activista Ignacio Benavente Torres, dirigente de la ONG Pro Libertad y Derechos Humanos en América.

Acababa de activarse el mecanismo que paralizó las actividades de los uniformados, quienes en la víspera habían sido llamados a presentarse para someterse a pruebas, conducidas por los responsables de la Guardia Nacional. Ricardo Mejía Berdeja era el enviado de la 4T. Chávez Espejel exigió que las negociaciones fueran transmitidas, en vivo, por la televisión. Y Benavente Torres había planteado que sería un honor que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pudiera sumarse a la representación de los inconformes.

Para ser espontáneo, el movimiento de protesta contó rápidamente con una asesoría pendenciera. Los asesores de los policías federales cuentan con amplia experiencia en el ramo. Apenas hace ocho meses, Chávez Espejel encabezó las protestas de medio centenar de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) que habían sido encuartelados, para ser reubicados.

Por esas fechas, Benavente Torres aparecía en Veracruz, como gestor de las caravanas de migrantes centroamericanos en ruta hacia la frontera norte. Con una década de trabajo en Tijuana, el presidente de Pro Libertad había trazado una red de contactos con las autoridades panistas en aquella ciudad fronteriza, particularmente con funcionarios locales vinculados al finado secretario de Gobernación calderonista, José Francisco Blake Mora.

Hace casi dos años, cuando la emergencia por los sismos afectaron a la CDMX, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, el presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América convocó a agrupaciones sociales y empresariales de San Diego y Tijuana a ayudar a los damnificados. Al aeropuerto de Tijuana —ofreció— llegaría dos Hércules y dos Black Hawk para trasladar los donativos que fueran recopilados durante un mes.

Durante la crisis migrante del año pasado, Benavente Torres estrechó sus contactos con las Fuerzas Federales, a la que voluntariamente apoyaba para auxiliar a los detenidos que se quejaban por presuntos actos de tortura desde finales del 2010.

Chávez Espejel, por su parte, es el gestor de la demanda colectiva que presentarían los policías federales que pierdan su trabajo en la conversión de esa institución, a la Guardia Nacional. En diciembre del año pasado, a nombre de los elementos del CUSAEM, encabezó el movimiento que exigió al gobernador priista, Alfredo del Mazo, cesar de emitir cambios de adscripción de policías, luego de que decenas de policías fueran reubicados, bajo el argumento de erradicar vicios. Vino entonces una oleada de amparos contra los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública mexiquense, por atentar contra la antigüedad laboral de su personal.

Paradojas de la rebelión de la PFP: una de las corporaciones privadas mencionadas ayer por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, es la CUSAEM. Y en efecto, esa corporación vivió un auge durante el sexenio peñista, tanto en la seguridad de personalidades de alto nivel, como en la protección de instalaciones federales, entre ellas, las terminales del AICM.

“No podemos ser ingenuos, hay intereses políticos detrás de la movilización”, reviró Durazo Montaño, quien vinculó a los representantes de los policías federales con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El segundo día del motín de la PFP fue un concurso de amagos, de promesas incumplidas. El paro nacional no ocurrió, pero los bloqueos en las vialidades de la periferia de la CDMX y algunos tramos carreteros —condición impuesta por la autoridad para dialogar con los inconformes— se mantuvieron intermitentes. El secretario de Seguridad Pública y sus principales colaboradores acantonaron ayer desde el mediodía en un hotel de la zona de Polanco, para dar seguimiento a las mesas temáticas en las que se atenderían las inquietudes de los policías federales.

En la esquina de Campos Elíseos y Galileo, una VW Crafter para garantizar la fluidez de las comunicaciones y un discreto dispositivo de vigilancia instaurado por elementos de la policía capitalina, daban cuenta del dispositivo federal. “En este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional”, acotó Durazo Montaño, quien refrendó el discurso presidencial: el movimiento que no tiene razón y ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno, para sacar raja política.

“No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”, censuró. “Y fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolinas no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros”.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿RELAJADOS? Terminado el juicio contra Keith Rainiere y expuestos los abusos de Nexvim en México y Estados Unidos, sólo falta la sentencia que dicte un juez de Nueva York contra Vanguard. En territorio nacional quedan un cúmulo de historias ocultas tejidas a lo largo de una década, muchas de ellas escritas en los acaudalados suburbios de Guadalajara, Culiacán y Monterrey. Hijos de expresidentes y exgobernadores que se vincularon a ese movimiento han salido a la luz, pero… ¿brotarán los nombres de los altos ejecutivos, de los líderes parlamentarios, de los conductores de noticias que también fueron entrenados por Raniere? ¿Y del plan de pacificación que propuso a Los Pinos hace dos años? ¿Y de su involucramiento en los desfiles del Día de Muertos contratados por autoridades del entonces gobierno capitalino, encabezado por Miguel Ángel Mancera?

VERSÁTIL. Ivonne Ortega tendrá que hacer una pausa en su campaña por la dirigencia nacional del PRI. Y es que está confirmada su participación en el Décimo Congreso Internacional de Ciencia Política, que se realizará justo dentro de un mes en Monterrey. La exgobernadora de Yucatán sustentará un análisis comparativo de legislación con perspectiva de género en países latinoamericanos.