El INE está obligado a garantizar la integridad del proceso electoral, en un contexto de creciente desconfianza política. Y ahora, también deberá preservar los datos personales de los observadores que accedieron a la verificación biométrica
Aunque los partidos políticos quedaron al margen de la elección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, las acreditaciones para observar este proceso inédito son sospechosamente atípicas.
A 32 días de los comicios, el Instituto Nacional Electoral ha recibido más de 200,000 solicitudes de visores —nacionales y extranjeros— muchos de los cuales podrían estar vinculador a organizaciones partidistas e interferir en la última etapa del proceso, según el exconsejero presidente del organismo autónomo, Lorenzo Córdova Vianello.
Más allá de sobrevaloraciones o protagonismos, en el INE existe una preocupación real sobre los probables intentos de manipulación en el que ha resultado ser el proceso electoral más grande y complicado de la historia contemporánea.
Así como ha habido un récord de solicitudes, también hay un alto número de denegaciones: 17.3% (34,945); de ese conjunto, 85% corresponde efectivamente a militantes y simpatizantes de partidos políticos, mientras que el resto fueron identificados como servidores públicos vinculados a programas sociales.
La revisión de las solicitudes está en marcha y hasta el momento se han aceptado 26,306 observadores. Las irregularidades documentales detectadas incluyen 53,000 correos electrónicos atípicos y otros registros duplicados, incluidos de precandidatos y candidatos de la elección judicial.
En elecciones federales previas, las solicitudes de observadores fue sensiblemente menor. En la elección intermedia de 2021, por ejemplo, se registraron 31,223 solicitudes y 9,741 rechazos; mientras que en la contienda presidencial del año pasado hubo 34,881 solicitudes y 8,843 rechazos.
Para garantizar la transparencia y evitar la infiltración de intereses partidistas, el INE ha aprobado un mecanismo de verificación que consiste en confrontar los datos biométricos (fotografía del rostro) de los solicitantes con la información contenida en el Registro Federal de Electores.
Este proceso de verificación se complementa con herramientas tecnológicas avanzadas, como las utilizadas por la dirección del Registro Federal de Electores y la unidad de Sistemas Informáticos del INE, que permiten cruzar datos y asegurar la autenticidad de las solicitudes.
Juan Manuel Vázquez, encargado de la dirección jurídica del INE, destacó que la medida de verificar los datos biométricos es fundamental para preservar la imparcialidad y legalidad del proceso electoral. Según Vázquez, esto permitirá minimizar riesgos como la suplantación de identidad y la infiltración de actores partidistas en actividades que deben ser estrictamente ciudadanas y apartidistas.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reiteró que el Instituto es el más interesado en fortalecer la confianza ciudadana en este proceso inédito. En este sentido, afirmó que las medidas de verificación buscan garantizar que la participación en la observación electoral se realice bajo los principios de imparcialidad, certeza y legalidad.
El INE está obligado a garantizar la integridad del proceso electoral, en un contexto de creciente desconfianza política. Y ahora, también deberá preservar los datos personales de los observadores que accedieron a la verificación biométrica.
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