Como ya se vio, la CNTE no acepta las modificaciones medulares que se le están obsequiando, incluyendo la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
En teoría, las nuevas disposiciones para la enseñanza básica nacerán de una iniciativa presidencial discutida, corregida y aumentada (o disminuida) por el Congreso, pero en su atropellado y oprobioso paso por la Cámara de Diputados lo que resulte será lo que apruebe la más impresentable facción del magisterio: la eufemística Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Para los 12 años de los ciclos preescolar, primaria y secundaria el gobierno tiene una planta de alrededor de un millón de docentes (eran 978 mil 118 hace cinco años), de los cuales uno de cada 10 milita en la CNTE. A este 10 por ciento está dedicada la contrarreforma en gestación.
Según el censo que levantó en 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la nómina del sistema educativo sumaba 2 millones 247 mil 279 personas, de las cuales poco más de 311 mil (13 por ciento), aunque cobraban, no trabajaban en el sitio donde aparecían registradas.
Conviene tomar en cuenta estas cifras mientras no se decrete lo nuevo porque la reforma y las leyes del sexenio peñanietista están vigentes en tanto se elaboran otras, por más que hayan pasado cuatro meses congeladas (lo cual deja en riesgo a las autoridades federales de ser demandadas por incumplir la Constitución y la legislación que protestaron respetar y hacer valer).
Es por demás indigno el papel que como parte de los tres poderes ha estado jugando la mayoría diputadil de Morena y sus partidos asociados frente a las presiones callejeras, cierre de recinto y amenazas de la proporcionalmente minoritaria disidencia magisterial, con la que nada tienen que ver alrededor de 900 mil profesoras y profesores que durante cuatro años venían acatando las disposiciones legales que hoy están en coma. De vergüenza es que el dictamen que ayer se aprobó en San Lázaro haya sido sometido “a consulta” de la Coordinadora (sobre todo de la temible oaxaqueña Sección 22 del Sindicato Nacional, que tiene como 75 mil afiliados), porque la dichosa “representación popular” es de los diputados que la ciudadanía del país escogió, y no de líderes gremiales que, en el mejor de los casos, fueron designados en asambleas de unos cuantos miles de mexicanos.
Como ya se vio, la CNTE no acepta las modificaciones medulares que se le están obsequiando, entre las que sobresale la insensatez de que desaparezca el autónomo Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ahora los calificará un órgano del gobierno, o sea, del “patrón” que quiere a toda costa complacer a los profes que peor educan y mantienen como rehenes a casi 2 millones de niños, niñas y jóvenes en cuatro de las 32 entidades.
El atentado contra el constitucional “interés superior de la infancia” no puede ser mayor: ningún maistro mal preparado dejará de estar al frente de un salón de clases. Pero la “progre” disidencia quiere más y más y más…
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