Además de ser una obligación del gobierno, la incorporación de informales a la economía regular es un acto de justicia con los contribuyentes cautivos tan castigados con las disposiciones fiscales vigentes.

El problema es que donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía el armamento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ve potenciales contribuyentes, los gobernantes locales ven atractivos electores.

No es la primera vez que desde el gobierno federal se intenta meter en cintura a los informales, ya sea por la buena o por la mala, y la realidad es que cada vez aumenta más el número de personas que viven fuera de las leyes fiscales.

En tiempos de Ernesto Zedillo se creó una policía fiscal que iba por las calles revisando los tickets de compra de los consumidores para asegurarse de que lo que traían en sus bolsas hubiera pagado impuestos. Tardaron más en presentarlo que en fracasar el esquema.

De nada sirve ofrecer hoy a los informales apapachos con el gasto social federal, cuando no son pocos los gobernadores y presidentes municipales que regalan esos beneficios a cambio de dar cuerpo a las tropas partidistas que les garanticen resultados electorales.

Es indispensable ejercer un gasto social robusto en este país de gente pobre, pero los controles de los programas locales son ausentes. Se regalan útiles, servicios médicos, recursos para madres solteras, becas, etcétera, a cambio del registro en una lista que no tiene ningún control fiscal.

Los presidentes municipales y delegados en el caso del Distrito Federal otorgan permisos para el establecimiento de vendedores ambulantes a cambio de un padrón, y en muchos casos, el pago de una cuota que tiene un destino desconocido.

A cambio, tienen derecho de piso, protección de los cuerpos de seguridad y la protección de la autoridad local en caso de que osara llegar un inspector del SAT o de la Comisión Federal de Electricidad para descolgar los diablitos.

Y si bien los ambulantes son los informales más visibles, no son los únicos. Los municipios tienen la obligación de tener un padrón catastral actualizado y ahí podrían conocer dónde están las fábricas disfrazadas de viviendas donde se produce de manera informal.

Podrían saber dónde están las amplias extensiones agroindustriales reportadas como terrenos baldíos, dónde hay riqueza donde se anota pobreza.

Y es que los primeros informales son los gobiernos locales. Si el ciudadano informal es el que no paga impuestos, el gobierno informal es el que no los cobra y eso es justamente lo que no procuran la mayoría de las entidades del país.

Los gobiernos estatales y el gobierno del Distrito Federal, viven básicamente de las prerrogativas y los presupuestos federales. Poco es lo que recaudan para sus gastos, por lo tanto no tienen incentivos para que sus habitantes sean contribuyentes.

Eso abre la puerta a que se les trate como electores. Y a los potenciales apoyadores de la causa partidista se les apapacha con lo que ellos quieran cuando lo que priva es la falta de rendición de cuentas y de responsabilidades.

Así es que el primer paso del enésimo programa ahora llamado Crezcamos Juntos, Ser Formal Conviene debería ser un capítulo aparte que involucre a los gobiernos locales y que se llame “Respetemos las Leyes Juntos, No Consentir la Informalidad te Conviene”.