¿Impuesto saludable?

Otra vez, el gobierno de México contra las trasnacionales. En el primer ciclo, antes de la pandemia, la ofensiva contra las farmacéuticas y las fabricantes de herbicidas y pesticidas derivó en afectaciones a diversos sectores económicos.

La protección de la salud de los mexicanos, esgrimen las autoridades federales. En esta segunda escalada —la primera tuvo como ariete al entonces subsecretario Hugo López Gatell— amplían el rango de acción. Los fabricantes de bebidas, lácteos, sopas, salsas, aderezos y panes están en la mira. Y también, aquellos que elaboran electrolitos orales y bebidas energetizantes.

¿Los fabricantes o los consumidores? Para generar más ingresos para la tesorería, los IEPS podrían ampliarse a una diversa gama de productos que sin restricciones están disponibles para el público en general, en las tiendas de autoservicio. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, saludó entusiasta la propuesta de las bancadas del PVEM y del PT para gravar al Electrolit y otros similares, con lo que ingresarían más de 5,000 millones de pesos a las arcas públicas.

Para restringir las bebidas energéticas, el líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ya había propuesto una reforma a la Ley General de Salud que —de aprobarse en el Pleno— impedirá que menores de edad adquieran y consuman cualquier tipo de bebida no alcohólica que contenga cafeína, taurina, guaraná, ginseng, vitaminas de grupo B, glucuronolactona u otros estimulantes, además de azúcares, edulcorantes y otros aditivos.

Antes, la embestida fue contra Monsanto y The Coca-Cola Company. Ahora, el punto de mira se ensancha: Tate & Lyle, Cargill, Perfetti, Ajonomoto y otros fabricantes de edulcorantes tendrán que afrontar una batalla perdida, en términos de opinión pública.

Y es que los expertos harán valer sus datos. Desde la implementación del IEPS a las bebidas azucaradas en el 2014, el consumo promedio de refrescos por persona en México se ha mantenido estable, mientras que la prevalencia de la diabetes y la obesidad ha crecido constantemente.

En los criterios generales de la política económica, la Secretaría de Hacienda reconoce que el consumo de bebidas saborizadas se mantiene elevado y ha contribuido a que tres cuartas partes de la población mayor a 20 años presente sobrepeso u obesidad, mientras que el consumo de tabaco se asocia con el fallecimiento de 63,000 personas al año. El costo de atención médica derivado de las enfermedades asociadas al consumo de estos productos es de 116,000 millones de pesos.

Para implementar el modelo de República Sana, también sirve la política tributaria. Y a partir del 2026 se establecerán los impuestos saludables, con el objeto de desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población. Para la Ley de Ingresos 2026 se ha propuesto una actualización de la cuota aplicada a las bebidas saborizadas, incluidas aquellas que contengan cualquier tipo de azúcares no calóricos.

Además de los tabacos y los refrescos, la lista de productos gravables por los nuevos impuestos saludables abarca un amplio espectro que incluye: Jarabes, pastillas, masticables, vitaminas; bebidas light o zero, aguas saborizadas, jugos reducidos en calorías, bebidas energéticas sin azúcar, tés listos para beber; yogures light, leches saborizadas sin azúcar, postres lácteos bajos en calorías; galletas, panes; chocolates y dulces sin azúcar.

Los productos que utilizan edulcorantes bajos o sin calorías quedarían sujetos al IEPS perfilado en la propuesta de paquete económico. La propuesta de reforzar la política de salud por la vía impositiva contradice la lógica de incentivar alternativas más saludables.

La evidencia científica y regulatoria es consistente: los edulcorantes bajos o sin calorías son seguros y útiles para reducir azúcar en la dieta y apoyar a quienes buscan controlar su peso o manejar condiciones como la diabetes. Penalizar su consumo no ayudará a mejorar la salud de los mexicanos.