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Desdeñosos de la información precisa, los afectos a teorías conspirativas insisten en aventurar que hubo “grave violación a los derechos humanos” en el multihomicidio de la Narvarte.

Juan Méndez, de Justicia por Personas, afirma que la CNDH “no quiere investigar, simplemente porque tiene como una línea privilegiada al gobernador de Veracruz…”.

Ningún dato macizo aporta, sin embargo, para sustentar su frívolo sospechosismo, siendo que ese delito únicamente pueden cometerlo servidores públicos.

Pero, ¡chíngale!: la CNDH pidió ayer mismo (“con urgencia”) que el Estado mexicano “brinde a las y los periodistas y medios de comunicación, así como a los defensores de derechos humanos, condiciones para salvaguardar su integridad física y seguridad jurídica”.

Ajá.

Justicia por Personas ¡y la CNDH!, al igual que sus adláteres, conexos y similares, ignoran por lo visto que tan solo en Veracruz hay un millar de medios y alrededor de… ocho mil periodistas.

Imposible, pues, salvaguardar la integridad física de tantos (más quién sabe cuántos defensores) y la de todos los oficiantes en el resto del país.

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