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La transformación digital avanza, inexorable. Para combatir el lavado de dinero, en primera instancia, pero también para cortar el financiamiento a grupos delincuenciales y terroristas, el sistema financiero ha recurrido a las herramientas tecnológicas en los últimos 25 años.

El 11/S marcó una primera etapa. A partir de la pandemia, la identificación de los clientes de manera remota se ha vuelto una práctica constante. Los fundamentos para las transacciones seguras basadas en un uso extendido de la tecnología financiera fueron dictados en marzo del 2020 por el Grupo de Acción Financiera y justo dos años después, México implementó una primera modificación al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitió la identificación de las personas extranjeras refugiadas y los nacionales mexicanos del documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración y de la Clave Única de Registro de Población Temporal.

La inclusión financiera de los migrantes y de pymes, a través de mecanismos de identificación simplificados, es posible por la tecnología. Las entidades del sector fueron pioneras en el uso de mecanismos como la prueba de vida, el uso de elementos biométricos y factores de autenticación. La irrupción de la inteligencia artificial obliga a una adaptación, tanto a las instituciones como a los ciudadanos.

El pasado 28 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación apareció el decreto de reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las nuevas disposiciones implican cambios en diversos procesos del programa de cumplimiento de las instituciones financieras.

El enfoque basado en riesgos y la identificación no presencial son las nuevas premisas. La geolocalización y las validaciones biométricas están literalmente al alcance de la mano, con los smartphones y las tablets.

Juan Uribe, de LexisNexis® Risk Solutions, advirtió sobre los impactos de este cambio normativo para los sujetos obligados, que deberán implementar nuevas metodologías (biometría del comportamiento, sistemas de alerta de ruptura de perfil transaccional) para garantizar el acceso al sistema financiero.

A los costos de la gestión de riesgo —define— se suman retos cada vez mayores: el crecimiento explosivo del uso de identidades sintéticas, una derivación del auge de la banca digital, las Fintech y el e-commerce; la utilización malintencionada de inteligencia artificial…

“El verdadero costo del fraude en América Latina”, es un estudio de LexisNexis Risk Solutions en el que México se ubica en el Top de ese oprobioso rating en Latinoamérica, con un costo de 3.24 veces por cada transacción fraudulenta en el comercio minorista, y 5.27 veces en servicios financieros. En el hemisferio, los canales digitales están representando más pérdidas por fraude que los canales físicos y cuatro de cada cinco empresas en México dicen que el fraude está afectando su capacidad de conseguir nuevos clientes.

Efectos secundarios
CONTRACORRIENTE. Con un financiamiento otorgado por Banobras, los actuales administradores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares generaron un mecanismo financiero que les permitirá monetizar ingresos futuros generados por las actividades de administración y conservación de terminales aéreas en todo el país, además de suministrar combustibles a las aerolíneas. Los fondos se originaron de un financiamiento por 5,000 millones, a través de un fideicomiso que tendrá como objetivo fortalecer al sector aeroportuario en el país en cuya colocación intervino el despacho Greenberg Traurig, quien también gestionó las autorizaciones ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otras dependencias del Gobierno Federal de México.

ASCENSO. Exlegislador y exdirigente partidista, Alejandro Chanona Burguete inicia su primer cuatrienio como director de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, tras de ser electo por la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios. El rector Leonardo Lomelí Vanegas propuso una terna, en la que figuraban Karla Valverde Viesca y Moisés Garduño García.